"En España, los sistemas públicos de salud financian buena parte de los medicamentos que se comercializan, sin embargo, los altos precios de los nuevos medicamentos suponen un problema para la sostenibilidad de éstos y además repercute en la atención sanitaria final que reciben los usuarios", asegura el comunicado de la OCU.

La fijación de precios "desorbitados" para los nuevos medicamentos "podría llevar a una situación en la que los sistemas públicos de salud no puedan seguir financiando estos fármacos, lo que podría llegar a suponer que los usuarios tuvieran que hacer frente al precio de estos medicamentos convirtiéndolos en artículos de lujo solo al alcance de unos pocos".

Los nuevos medicamentos están sujetos a derechos de propiedad intelectual (patentes) y derechos de comercialización exclusiva que otorga la Agencia Europea del Medicamento (EMA), en coordinación con las agencias nacionales como la española (Aemps), que impiden la comercialización de la versión genérica durante un determinado periodo de tiempo.

Por otro lado, aunque la ley contempla la posibilidad de imponer el uso de licencias obligatorias por motivos de interés público, como sería el caso de la actual pandemia, en España nunca se ha recurrido a este mecanismo, el cual permitiría que un medicamento, de primordial importancia para la salud pública, pueda ser fabricado y comercializado por otra compañía en el territorio nacional, aunque esté sujeto a patente.

"Paradójicamente, ni España ni ninguno de los otros Estados miembros de la UE pueden importar medicamentos licenciados obligatoriamente en otro país ya que, en su momento, los Estados comunitarios renunciaron de manera voluntaria a esta opción", señala el comunicado.