Pérez, que todavía ocupa la Portavocía del PP de la Asamblea de Madrid y que obtuvo la mayoría absoluta en los comicios del 22-M, superando en votos al actual alcalde, el socialista Enrique Cascallana, que ocupará un escaño en la Cámara regional, explicó que hará “una auditoria”, en cuanto sea proclamado alcalde “para ver cuál es la situación general del ayuntamiento y a partir de ahí, tomar las medidas oportunas”.

“Seguro que habrá muchas sorpresas en la auditoria, que será externa e independiente, estamos trabajando para hacerla”, dijo Pérez, quien dijo que “queremos que se haga lo antes posible, que sea lo más económica y sobre todo realista”.

Pérez consideró que “lo único que pretendemos es conocer la situación real del Ayuntamiento que hasta ahora se nos ha ocultado”.

Dijo que, con los datos de la auditoría, “elaboraremos un plan de saneamiento que incorpore una reformulación de la política de ingresos, una rebaja de impuestos y una reordenación de la estructura del Ayuntamiento”.

“Sólo queremos poner orden en las cuentas, aplicar transparencia en la gestión y sentido común en una administración”, dijo Pérez, quien manifestó que aplicará “políticas de austeridad severas, entre ellas, la reducción drástica de altos cargos”, y explicó que “todavía no saben cuántos a dedo colocó el PSM”.

Informó de que reducirá a la mitad los directores generales, unos 17 con Cascallana, y en la misma proporción los cargos de confianza, decenas y decenas”.

Dijo que “había cerca de un centenar de colocadas en organismos públicos, empresas, y patronatos” y afirmó que hasta en la empresa pública de limpieza metieron a gente suya”.

Indicó que su política no se basa en “rellenar esas plazas con personas del PP, sino en reducirlas. Habrá un 50% menos de direcciones generales, un 20%, como mínimo, de cargos de confianza, y además rebajaremos un 10% los sueldos de todos, empezando por el alcalde”.

Además, señaló, las políticas de austeridad llegarán a los coches oficiales y se suprimirán los viajes de dudosa rentabilidad que hasta ahora se han realizado”.

Denunció la existencia de una deuda bancaria de 143 millones de euros y con proveedores, de unos 90 millones, que corresponden a facturas que se deben a empresas que han trabajado con el ayuntamiento y no se les ha pagado.

El futuro alcalde del PP manifestó su intención de “hacer un gran concierto con las empresas de Alcorcon para buscar un compromiso mutuo de creación de empleo local para vecinos del pueblo”.

Explicó que el Ayuntamiento, a cambio, ofrecerá un marco favorable a la actividad empresarial, consistente en la bajada de impuestos, la modernización de los polígonos industriales, la reducción de la burocracia municipal y una mejora de las relaciones entre ayuntamiento y empresas, que hoy no existe”.

Señaló que el alcalde saliente le dejará una deuda con las empresas de 90 millones de euros y que “nos comprometemos a pagar las deudas con calendario realista”.