Según informó el Ministerio de Hacienda, de esta cantidad, 249,2 millones se destinarán al Fondo de Ordenación, que permite dotar de liquidez a las entidades locales con algún tipo de riesgo financiero, y 41,8 millones de euros irán con cargo al Fondo de Impulso Económico, que atiende las necesidades de aquellas administraciones locales que están saneadas financieramente.

Para adherirse al Fondo de Ordenación, desde finales de julio y hasta mediados de septiembre de 2020 los ayuntamientos en riesgo financiero remitieron sus solicitudes, comunicando sus necesidades financieras para ser atendidas en 2021. Por su parte, los municipios ya adheridos con anterioridad a dicho fondo por encontrarse en situación de riesgo financiero también comunicaron sus necesidades financieras para ser atendidas en este ejercicio.

De los 249,2 millones de euros asignados en 2021 al compartimento Fondo de Ordenación, 124,5 millones de euros corresponden a ayuntamientos que se encuentran en riesgo financiero; y 124,7 millones se asignan a ayuntamientos que no se han podido refinanciar en condiciones de prudencia financiera. Este compartimento atenderá las necesidades financieras derivadas de vencimientos, tanto de préstamos como de deudas, incluido las operaciones con el Fondo de Financiación del Pago a Proveedores, para financiar los reintegros en las liquidaciones de la Participación en Tributos del Estado; o para ejecutar sentencias judiciales firmes.

En cuanto a los 41,8 millones de euros asignados al Fondo de Impulso Económico, atenderán necesidades financieras derivadas de vencimientos de préstamos a largo plazo con entidades de crédito que financiaron Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS); o ejecución de sentencias judiciales firmes.

Hacienda recordó que en este acuerdo no se incluye la cobertura de las deudas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, recogida en la Ley de PGE para 2021, que requerirá otro posterior acuerdo de Comisión Delegada y un procedimiento específico.

Además, la Comisión Delegada también aprobó las condiciones financieras de los préstamos y operaciones de crédito que se formalicen con cargo a ambos compartimentos, con requisitos similares a los adoptados en 2020. De esta forma, este ejercicio se establece un período de amortización de los préstamos que se suscriban con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales hasta el 31 de marzo de 2031, mientras que se establece un período de carencia de dos años.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha aprobado y publicado una instrucción para que las Entidades Locales que tengan deuda pendiente con el Fondo en Liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores puedan concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cancelarla, parcial o totalmente. De esta forma, Hacienda establecerá un procedimiento electrónico para la tramitación de las solicitudes que presenten estas entidades. En concreto, podrán presentar solicitudes hasta el 15 de diciembre de 2021 las administraciones locales que hayan firmado la liquidación del ejercicio 2020.

Actualmente, la deuda viva por préstamos con el Fondo en liquidación para la Financiación del Pago a Proveedores asciende a 1.507 millones de euros.