Así lo indicó este viernes el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, indicando que, para aprovechar la ampliación habilitada por Bruselas, es necesario notificar al Ejecutivo comunitario una extensión del marco nacional aplicable a las ayudas que pueden conceder las distintas administraciones, algo que ya ha decidido enviar la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a Bruselas.

La decisión de Bruselas amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 la ventana que tienen los países para poder conceder apoyo público sin que sea considerado ayuda del Estado. Se trata de una nueva prórroga a la facilidad que abrió la Comisión Europea en marzo del 2020 al estallar la crisis sanitaria y que, inicialmente, expiraba el próximo mes de junio, y no llega sola. Bruselas ha elevado además el techo de los apoyos permitidos y dejará a los Estados convertir anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas.

Precisamente, esta opción es la que ha aumentado el número de voces en los últimos días exigiendo ayudas directas para capitalizar a autónomos y empresas viables con problemas por el alto endeudamiento adquirido cuando sus ingresos están seriamente mermados por la falta de negocio por las restricciones frente a la pandemia.

TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El marco temporal fijado por Bruselas es una referencia común y los países negocian después el marco nacional, siendo soberanos para utilizar el plazo máximo o no y decidir qué tipo de soportes emplean. Facilita apoyos que, en condiciones normales, no habrían sido autorizados por considerarse ayudas públicas, y el marco nacional sirve además de base para que cualquier administración pública -Gobierno central, comunidades autónomas o municipios- desplieguen bajo dicha normativa sus propios apoyos.

El Ministerio liderado por Nadia Calviño explicó que el nuevo marco “pretende adaptar la respuesta económica y social a la pandemia a las necesidades actuales, con el fin de seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo, y reforzando la solvencia de empresas y negocios viables”.

Según detalló, se sumará a las medidas adoptadas hasta el momento y que han supuesto ayudas por encima del 20% del PIB (más del 5% en ayudas directas de impacto presupuestario y un 15% en medidas de liquidez), que están permitiendo mantener la actividad económica. Al respecto reivindicó que el volumen de ayudas directas activadas en España “está entre los más elevados de los grandes países de la UE, según refleja, entre otros, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”.

A pesar de que la Comisión Europea desveló la aprobación de la extensión del marco europeo el pasado 28 de enero, en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital desveló hoy que el Gobierno está trabajando con el Ejecutivo comunitario “desde el pasado mes de octubre” precisamente para que se revisase.

Para cambiar el marco español se precisa la autorización expresa de la Comisión Europea y la intención declarada por el Gobierno hoy es “acelerar todo lo posible este proceso de autorización para poder establecer el nuevo marco nacional cuanto antes y seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo para contar con una base lo más robusta posible para impulsar la recuperación”.

En cuanto a las medidas, el Ministerio de Asuntos Económicos refirió que se trabaja en medidas “para aliviar la carga financiera de autónomos y empresas, y reforzar la solvencia de negocios viables” dentro del nuevo marco, sin ofrecer detalle específico de qué alternativas analiza.

MEDIDAS YA IMPLANTADAS

Se sumarán a las ya desplegadas desde el pasado mes de marzo para proteger las rentas de las familias, los trabajadores, los sectores más vulnerables, los autónomos y las empresas. Entre ellas figuran, por ejemplo, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la prestación extraordinaria para autónomos y las incapacidades laborales por la pandemia, que ya han consumido 40.800 millones de euros.

A esas se suman más de 116.000 millones de euros en financiación al tejido productivo canalizados a través de la Línea de Avales del ICO; los 10.000 millones de euros en ayudas directas del Fondo de apoyo a la solvencia o el Fondo Covid-19 de 16.000 millones aprobado por el Gobierno y transferido a las comunidades autónomas para asumir los costes de la pandemia.

Para este año, el Gobierno ya ha comunicado además que fijará una transferencia extraordinaria de 13.400 millones a las regiones y, además, las comunidades autónomas contarán con recursos de los fondos europeos. En concreto, ya les ha comunicado el reparto de los 10.000 millones del Fondo REACT, que servirán para reforzar el sistema sanitario y también para impulsar un crecimiento económico más sostenible.

En el Ministerio recordaron que, junto a las ayudas públicas directas, se han adoptado medidas como las moratorias en el pago de créditos hipotecarios y sin garantía hipotecaria, recientemente prorrogadas por otros nueve meses, y que ya han permitido aplazar sus pagos crediticios a más de 1,3 millones de familias, autónomos y empresas.

También aprobó en noviembre extender el periodo de carencia y del plazo de amortización de las Líneas de Avales del ICO, y recordó las medidas articuladas por Hacienda y la Seguridad Social sobre aplazamiento de pagos o la flexibilización en el abono de las rentas de alquileres, tanto particulares como de locales comerciales. A estas iniciativas se sumarían las desplegadas por comunidades autónomas y ayuntamientos, adaptadas a la situación específica y las restricciones de cada territorio en respuesta a la pandemia.