Rechazada por 107 votos a favor, 239 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa también instaba a reforzar los medios personales y materiales para agilizar la tramitación de esta ayuda; simplificar la documentación a aportar; y garantizar la transferencia de su gestión a las comunidades autónomas que puedan asumirla.

En la defensa de la moción, la diputada María Teresa Angulo exigió recuperar la prestación por hijo a cargo como ayuda independiente, puesto que su desaparición “deja sin nada” a las familias en pobreza relativa. Asimismo, criticó con dureza la gestión del IMV por parte de la Administración, y aseguró que por cada solicitud aceptada de IMV, se están denegando tres.

Aunque votaron en contra de la medida, los grupos nacionalistas exigieron la transferencia urgente del IMV a las comunidades autónomas y criticaron la “nefasta” gestión de esa ayuda por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones.

El diputado del PNV Iñigo Barandiaran destacó que “llevamos muchos meses de retraso” en la cesión de esta competencia, prevista para octubre de 2020 en el mismo real Decreto regulador del IMV. A su juicio, se trata de una actitud “incomprensible” cuando el sistema de rentas mínimas de Euskadi “fue puesto como ejemplo” por el propio Ministerio en el diseño de esta ayuda.

También criticó la gestión del IMV el portavoz de Bildu, Oscar Matute, quien concedió un plazo de un mes para su transferencia definitiva. Según el diputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador i Duch, la aplicación del IMV está siendo “un inmenso fracaso”, y debería transferirse de inmediato.

MALA GESTIÓN

El resto de grupos criticaron también la implantación de esta medida y echaron en cara al Ejecutivo el retraso en la tramitación del decreto-Ley que la regulará de forma definitiva.

Para la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad, Sara Giménez, la medida “no acaba de despegar” a causa de los “requisitos farragosos” que exige y al “exceso de burocracia”, que resulta especialmente complicada para colectivos vulnerables, con “graves problemas para interactuar con la Administración”, y achacó a las “prisas” con que se aprobó la medida parte de su fracaso.

Por eso, Giménez reclamó conceder de oficio el IMV a quienes ya eran beneficiarios de una renta mínima autonómica, tal y como recoge una proposición no de ley registrada por su grupo. Además, pidió restablecer la prestación por hijo a cargo, puesto que “los destinatarios son distintos” de los del IMV.

En su intervención, el diputado de UPN Carlos García se preguntó si “es tan difícil reconocer que algo se está gestionando mal”. “La medida era buena, pero reconozcan el desastre en cuanto a su ejecución”, pidió al Ejecutivo.

También el diputado de Compromís, Joan Baldoví, lamentó que las “expectativas” que se generaron se han visto “defraudadas por la lentitud exasperante” en la gestión de la ayuda.

La portavoz de Vox, Inés María Cañizares, ironizó sobre que el PP presente esta moción cuando votó a favor del IMV, convirtiéndose en “corresponsable” de su puesta en marcha.

DEFENSA

En cambio, la diputada de Unidas-Podemos Pilar Garrido se felicitó por la aprobación de una medida “tan necesaria”, e invitó a “mejorarla”, para lo que propuso “desarrollar una nueva prestación por crianza”. Además, llamó a las comunidades autónomas a “asumir sus responsabilidades para ampliar esta prestación”, en lugar de sustituir unas rentas por otras.

Finalmente, La diputada del PSOE Carmen Baños defendió que el Ingreso Mínimo Vital ya llega a “180.000 hogares”, y se mostró convencida de que en 2021 se ampliará el número de beneficiarios.

A los dirigentes del PP “mucho parece importarles la pobreza cuando no gestionan, pero poco hacen cuando tienen la obligación de hacerlo”, opinó. Para concluir, preguntó “qué ha hecho la señora (Isabel Díaz) Ayuso con esos niños que infraviven en la Cañada Real”.