Así lo indicó durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al responder a una interpelación del diputado popular Mario Garcés “para que el Ejecutivo explique los pasos que está dando para resolver el problema de financiación de las comunidades autónomas”.

En su intervención, Garcés criticó la armonización fiscal que pretende realizar el Ejecutivo de Pedro Sánchez y defendió “la capacidad de las comunidades autónomas a modular los tributos”, a lo que Montero respondió que “modular no puede ser eliminar” un impuesto, como ocurre en Madrid con el de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones.

En este sentido, la ministra señaló que la política fiscal de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, limita la capacidad recaudatoria del resto de territorios que no cuentan con la condición de capitalidad, por lo que “no es justo, fiscalmente, que haya comunidades que se vean obligadas a subir los tipos impositivos porque su nivel de renta por habitante es inferior al de comunidades que, haciendo uso de ‘dumping fiscal’ hacen posible el traslado de empresas”.

“Si ustedes prefieren defender la posición fiscal de Madrid, explíquenselo a los ciudadanos”, agregó Montero, para acto seguido añadir que “lo que no pueden es hacer esto y obligar a que Andalucía o bien elija dar una menor prestación de servicios públicos o subir los tipos impositivos”.

Asimismo, la titular de Hacienda recordó que la armonización fiscal que el Gobierno de coalición defiende acometer en España es la misma posición que tanto este Ejecutivo como el de Mariano Rajoy defendían en la Unión Europea, luchando contra el ‘dumping fiscal’ que realizan otros países.

Por ello, concluyó su intervención que el objetivo del futuro sistema de financiación autonómica será “garantizar la prestación de los servicios públicos” y ensalzó las medidas de financiación autonómica realizadas por el Gobierno durante la crisis del coronavirus al otorgar las entregas a cuenta a las comunidades en 2020 como si en dicho ejercicio hubiera habido crecimiento económico en lugar de crisis, así como el fondo de 16.000 millones de euros en transferencias a las autonomías, en contraposición, añadió, a la política que llevó el Ejecutivo del PP de dar a los comunidades créditos que éstas luego tienen que devolver o de recortes en los servicios públicos que las comunidades prestan, como sanidad, educación y dependencia.