Estas seis víctimas de la represión, tres mujeres y tres hombres, detallaron ante el juez los abusos a los que fueron sometidos tras la conocida como “Marcha Verde”, tales como golpes, quemaduras y corrientes eléctricas. Los seis testigos señalaron que tienen todavía carnés de identidad españoles y alguno de ellos ha llegado a aportarlo a los juzgados.

Cuatro de estos testigos todavía sufren secuelas físicas por las torturas a las que fueron sometidos hace 35 años y fueron examinados por los médicos forenses de la Audiencia Nacional tras comparecer ante Ruz.

Algunos de las víctimas se quejaron ante el magistrado de que España les “vendió” a Marruecos tras la “Marcha Verde” y aseguraron que “la situación permanece a día de hoy”. También agradecieron al juez el impulso a la investigación.

AMINATU HAIDAR

El magistrado había citado inicialmente a un total de 14 ciudadanos saharauis, entre ellos a la conocida activista Aminatu Haidar, pero ella y otras siete víctimas no han podido finalmente acudir a la Audiencia Nacional.

Haidar no ha podido comparecer ante el juez por sus problemas de salud, mientras que el resto tuvo problemas con el papeleo para desplazarse hasta España.

Mientras se producían las comparecencias, una veintena de personas –españoles y saharauis- se concentraron en el exterior de la Audiencia Nacional, portando banderas del Sahara Occidental y pancartas en las que se recogían los nombres de varios de los desaparecidos durante la represión.

13 IMPUTADOS

La declaración de las seis víctimas se produjo en el marco de la investigación abierta contra 13 políticos y funcionarios policiales de Marruecos, entre los que destaca el general mayor de la Gendarmería Real Housni Benslimane, por delitos de genocidio cometidos en el Sahara Occidental entre 1976 y 1987.

El abogado de la acusación, Manuel Ollé, aseguró que la declaración prestada hoy por las seis víctimas ha servido para “reforzar la imputación” que pesa sobre los 13 antiguos altos cargos de Marruecos.

La causa fue abierta en base a la querella presentada en 2006 por varias asociaciones de defensa de derechos humanos y familiares de desaparecidos contra altos cargos marroquíes a los que acusan de haber cometidos delitos de genocidio, torturas, detenciones ilegales y lesiones.

La querella fue admitida a trámite en diciembre de 2007 por el predecesor de Ruz, el juez Baltasar Garzón. El oficial de la Gendarmería Real marroquí Benslimane, quien está imputado bajo la acusación de ordenar y dirigir la campaña de detenciones y torturas llevada a cabo en la ciudad saharaui de Smara en 1976, recibió en 2005 en España la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a propuesta del Ministerio Exteriores, petición que fue ratificada por el Consejo de Ministros.