Así lo ha dado a conocer la FPTM este martes en respuesta al anuncio del consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, de implantar una nueva autorización para el transporte VTC que equipara el trabajo de estos vehículos al del taxi.

Según explicó en un comunicado el presidente de la FPTM, Julio Sanz, “el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido otorgar a las empresas de VTC una indemnización que se traduce en una moratoria de cuatro años de tiempo de trabajo, hasta 2022, en los que pueden seguir realizando transporte urbano e interurbano; y el taxi, amparado en la doctrina del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas, actuará en consecuencia”.

Sanz indicó que “el Estado ya ha indemnizado a las VTC con una compensación de entre 4 y 6 años de moratoria por lo que, si la Comunidad de Madrid (CAM) crea una nueva autorización que entra en competencia directa con el servicio de las licencias de taxi, debe indemnizar al sector por los daños causados en el pasado, el presente y el futuro”.

En este sentido, dijo que el sector mira “con tristeza” la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid que “ha cedido una vez más a las pretensiones de los grandes operadores, no legislando hasta el último minuto e ignorando las múltiples peticiones de un sector del que dependen más de 20.000 familias de forma directa y que se siente abandonado de nuevo por el gobierno regional”, subrayó Sanz.

“Las consecuencias de esta decisión no solo las sufriremos en el sector, sino que también llegarán a los usuarios que exigen un transporte seguro y que con una normativa así, ven cada vez más lejos está pretensión en un servicio, el de las VTC, que acumula miles de sanciones por incumplimientos”, lamentó.

Por último, desde la FPTM recordaron que a la CAM le resultará complicado encajar la nueva autorización VTC con las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que dictan la prohibición a estos vehículos de deambular por las calles sin un contrato previo.

“Nosotros siempre hemos defendido algo tan sencillo como que se cumpla la ley, con normas que regulen y permitan una convivencia entre ambos sectores, pero la Comunidad de Madrid ha confundido de nuevo libertad con libertinaje”, zanjó Sanz.