La iniciativa del PP, recogida por Servimedia y que deberá ser debatida y votada en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso, insta al Gobierno a "apoyar económicamente el esfuerzo que van a realizar las entidades locales al adaptar la señalización de sus vías urbanas a los nuevos límites de velocidad aprobados por el Consejo de Ministros".

Concretamente, los populares quieren que la DGT subvencione a todas las entidades locales "el 100% de los costes tanto de la ejecución de la señalización como del suministro de materiales para la señalización horizontal y vertical necesarios para la adaptación de los nuevos límites de velocidad de las vías urbanas".

El límite de velocidad para los vehículos bajará de 50 a 30 km/h en la mayoría de las calles de todas las ciudades de España a partir del 11 de mayo de 2021, pues esa reducción afectará a las vías de un único carril por sentido de circulación, tal y como recoge un real decreto sobre medidas urbanas de tráfico que modifica el Reglamento General de Circulación.

Esa norma, publicada el pasado 11 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fija tres límites genéricos de velocidad en las vías urbanas (actualmente hay uno y es de 50 km/h), según pudo comprobar Servimedia: 20 km/h para las calles de plataforma única de calzada y acera, 30 km/h para las de un único carril por sentido de circulación y 50 km/h para las de dos o más carriles por sentido (en este último caso, 40 km/h para los vehículos con mercancías peligrosas).

Ello supondrá que la mayoría de las calles rebajen el tope de 50 a 30 km/h (por ejemplo, el 80% de las calles de Madrid son de sentido único o de un carril por sentido). Los carriles bus o reservados para taxis u otros usuarios no cuentan en estas limitaciones genéricas. No obstante, se permite que los ayuntamientos puedan rebajar esos límites y subir excepcionalmente el de 30 a 50 km/h.

Los cambios en los límites de velocidad entrarán en vigor seis meses después de la publicación del real decreto en el BOE para que los ciudadanos los conozcan de forma adecuada y las administraciones públicas dispongan de un plazo suficiente para adaptar la señalización.

El PP indica en la proposición no de ley que esa adaptación de las señales acarrea un "coste cero" para la Dirección General de Tráfico (DGT), ya que correrán a cargo de los titulares de las vías, es decir, los ayuntamientos.

Además, apunta que el director general de Tráfico, Pere navarro, "se vanagloriaba del coste cero para la DGT que supuso la reducción de la velocidad en las vías convencionales adoptado en diciembre de 2018 porque el cambio de la señalética corría a cargo del presupuesto del Ministerio de Fomento".

En este sentido, los populares indican que "se debe evitar que otras administraciones públicas asuman el coste de estas medidas", especialmente los ayuntamientos, y recalcan que la DGT es "un organismo autónomo evidentemente recaudador" y las corporaciones locales están realizando "el mayor esfuerzo presupuestario" en derechos sociales y atención a la ciudadanía para hacer frente a la crisis de la Covid-19.

QUITAR SEÑALES

Por otro lado, Navarro comentó hace dos semanas en un coloquio organizado por Executive Forum que el límite a 30 km/h en las calles de un carril por sentido de circulación supondrá "un cambio de paradigma hacia una ciudad algo distinta" que ayudará al "calmado del tráfico" y que podría conllevar que se retiren señales e incluso semáforos.

"Cuando esto esté consolidado, vamos a empezar a sacar señales. Hasta ahora había que poner una señal en cada esquina para que pusiera 30. Ahora tenemos el BOE y cuando se calme el tráfico no va a hacer falta. En las ciudades llevamos 50 años colocando señales de tráfico. Cada vez que había un problema, ¿cuál era la solución fácil? Poner una señal de tráfico. En la DGT pensamos que, en algún momento, tenemos que iniciar la retirada de las señales de tráfico y cuando esté calmado y haya menos señales, a lo mejor hasta podremos retirar los semáforos en algún cruce", comentó.