En España hay 50.272 menores de 18 años que crecen privados del cuidado parental, ya sea en acogimiento familiar o residencial. Esta cifra supone un incremento del 18% con respecto a 2015, según destacó este martes Aldeas Infantiles SOS.

Por tipo de acogimiento, la modalidad residencial pasó de 21.283 menores en 2018 a 23.209 en 2019, lo que supone un aumento del 9%. El número de acogimientos residenciales mantiene, así, su tendencia creciente desde el año 2015, momento en el que se situaba en los 13.596.

Por el contrario, en 2019 se produjo un descenso en los acogimientos familiares del 2% con respecto al año anterior. Si se comparan con los datos de 2015, la reducción total es del 5%, pasando de los 20.172 que había en ese momento a los 19.320 de 2019.

Según la ONG, el acogimiento residencial sigue siendo la medida de protección predominante (55%) frente al familiar (45%). Estos datos contrastan con lo estipulado en la Ley del Menor, que señala que, ante la retirada de la tutela de un niño de sus padres, la primera medida de cuidado alternativo recomendada es el acogimiento familiar y, si es posible, en su familia extensa (aquellas familias que tienen un vínculo de parentesco con el niño).

MÁS PROTECCIÓN

Aldeas Infantiles denunció que a pesar de que el acogimiento familiar debe primar sobre el residencial, este último se ha incrementado en un 70% desde 2015.

Por otra parte, el número de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados tutelados por las administraciones públicas creció un 18,58% en el último año.

E hecho, de los 11.490 niños migrantes que crecen en el sistema de protección, solo 110 lo hacen bajo una medida de acogimiento familiar (el resto están en residencias).

Ante el aumento del número de niños y niñas en el sistema de protección, Aldeas Infantiles SOS reclamó una mayor inversión en las políticas de prevención con el fin de apoyar y fortalecer a las familias vulnerables y evitar así la separación de padres e hijos.

Subrayó que 300.000 niños en España --1 de cada 25-están en riesgo de perder el cuidado de sus padres. Por ello, el presidente de la ONG en España, Pedro Puig, reclamó “medidas que nos permitan llegar a tiempo y evitar que las situaciones de riesgo deriven en desamparo”.

“Un mayor esfuerzo preventivo redundaría en el descenso del número de niños y niñas bajo la tutela de las administraciones públicas, supondría una reducción del gasto público y evitaría a los niños el trauma de la separación familiar”, declaró.