Van Grieken ya no es miembro del Gobierno autonómico y actualmente ejerce como catedrático en la URJC. Este lunes prestó declaración en calidad de testigo en el juicio que se sigue contra Cifuentes y otras dos personas por un delito de falsedad del acta sobre la defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM).

A preguntas de la fiscal explicó que la noche del 20 de marzo de 2018 recibió un mensaje del rector que no respondió por considerar intempestivo el horario y le emplazó para hablar a la mañana siguiente. El día 21, 'elDiario.es' publicó un artículo en el que denunciaba irregularidades en ese máster.

El exconsejero llamó al rector “esa mañana, como habíamos quedado. Me comentó que había hablado con los profesores, que había recabado información, que todo era normal. Y me quedé tranquilo". El pasado pasado viernes Javier Ramos declaró que el exconsejero le pidió el acta de defensa del TFM, cuya defensa Cifuentes reconoció que no realizó.

Rafael Van Grieken envió después una nota de prensa compilando su declaración a través de su despacho de abogados. En esa nota se destaca la parte de su declaración en la que dijo que se sintió “engañado” por el rector, que dio una rueda de prensa en la que consideró acreditado con documentación la superación del curso. “Lo que pido es la documentación en la que se basó para afirmar todo lo que se contó en la rueda de prensa”, añadió.

El antiguo responsable de Educación de la Comunidad de Madrid explicó que le resultó “lógico" que el rector hubiera buscado el acta, ya que ese tipo de documentos no los guardan los profesores. "Confié en la legitimidad y le daba totalmente credibilidad al rector. No tenía ninguna duda de que se había comprobado que era la verdad".

El testigo reconoció que llamó al rector de manera reiterada tras la rueda de prensa. Era un tema importante y había que hacer acopio de esa información en la que se basaron esas afirmaciones. No tenía duda de que disponían de esa información. Las llamadas al rector eran proporcionales a la tardanza en mandar la documentación, que tardó tres horas en remitirle.

Declaró también que le llamó la jefa del gabinete de la presidenta, Marisa González, que le pidió asesoramiento sobre la situación. "Yo solicito de forma reiterada la documentación en general", haciendo hincapié en que estas gestiones estaban dentro de sus competencias: "Era algo que afectaba al Gobierno regional y se ponía en entredicho el comportamiento de una universidad pública".

Ramos declaró el pasado viernes que Van Grieken le llamó “reiteradamente” para reclamarle la documentación acreditativa de que Cifuentes había superado las pruebas del máster y era mecedora del título. Según el testimonio del rector, el exconsejero fue el cargo que más le insistió en que le enviase la documentación del máster. Cifuentes aseguró en su declaración que nunca llamó a nadie de la Universidad para pedir documento alguno.

El exconsejero explicó que siempre estuvo convencido de que lo dicho por el rector ante los medios de comunicación y los documentos que aportó eran auténticos. “Nunca dudé de la veracidad de las afirmaciones que en primera persona hizo el rector”, y descargó en él cualquier responsabilidad por la falsedad de los documentos.

A su entender, “fue una irresponsabilidad convocar una rueda de prensa con la carencia de información contrastada de la que en ese momento disponía el rector”, además “en ningún momento nos comunicó que había abierto una información reservada paralelamente. Me he sentido engañado por el rector”.

TRANSPARENCIA

Tras admitir que hizo numerosas llamadas, explicó que “hasta que no recibiéramos esa documentación no podíamos acreditar la postura del Gobierno regional sobre lo que ya estaba divulgándose en los medios de comunicación, porque la transparencia es una de las reglas indiscutibles que tiene que guardar cualquier institución”, explicó.

La larga jornada de declaraciones en el juicio contó con la presencia de la funcionaria Amalia Calonge, que fue la responsable de modificar las notas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012. En su comparecencia aseguró que el catedrático Pablo Chico le pidió que cambiara las calificaciones y explicó que estaba autorizada para hacer esos cambios en contra de lo que dijo la pasada semana el rector de la Universidad. Así, Calonge cambió un `no presentado´ por un 7,5 siguiendo indicaciones del catedrático.

"¿Modificó usted las notas de Cifuentes de no presentada a 7,5 y también le puso 7,5 en la asignatura del TFM?. ¿Quién se lo dijo?", le preguntó el abogado que representa a la URJC en este juicio. "Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas", sostuvo.

El entonces responsable de estudios de Postgrado José Antonio Lobato Moreno, responsable administrativo de posgrados y títulos propios de la URJC, también declaró que Calonge no estaba habilitada para hacer esos cambios. En su declaración aseguró además que en el departamento que él dirigía no constaba el acta del TFM de Cifuentes.

Por su parte, el catedrático Pablo Chico, que impartió una de las asignaturas del máster que cursó Cifuentes, aseguró que él no pidió a Calonge que modificara las calificaciones de la ex presidenta madrileña y aseguró haber recibido presiones de la Comunidad de Madrid.

El testigo explicó que mantuvo una conversación con Calonge en 2014 en la que le trasladó "que había una estudiante que tenía un problema y que le aparecía no presentado. Le dije que podía revisar la calificación y efectivamente hago ese proceso y veo que tiene calificación de notable. Reviso la calificación y confirmo que tiene notable", sin pedirle modificación alguna.

Chico acusó a Calonge de “faltar a la verdad” y la acusó de realizar “una modificación de forma arbitraria. Yo le di un dato académico. Esta persona actuó de mala fe. Bajo ningún concepto se hablo del TFM. En ningún momento yo he participado en ningún trabajo de ningún estudiante", aseveró.

La lista de testificales citados este lunes incluye a varios responsables de la URJC. Entre ellos se encuentra José María Álvarez Monzoncillo, exresponsable de posgrados y cesado en junio de aquel año por el rector cuando era el encargado de suministrar la información de la investigación interna sobre los másteres de Cifuentes y del líder del Partido Popular, Pablo Casado.

Quedan por declarar dos testigos: José Manuel Dévora Lorenzo, director de tecnologías de la información en la URJC, que se encuentra confinado por contacto con un contagiado de Covid-19, y María Dolores Cancio, una profesora de la URJC que reconoció que el catedrático le regaló el título sin hacer nada, con domicilio en Asturias y a la que no sido posible interrogar por videoconferencia.