En concreto, el organismo supervisor apuntó el incumplimiento de la Orden 2899/2011 y la Circular 5/2012 del Banco de España en lo relativo a la entrega de la información precontractual y, sobre todo, en supuestos de novaciones; así como a su contenido por la omisión de gastos de formalización y otros costes obligatorios; y al de la documentación contractual por omisión también de la TAE y en lo relativo a su cálculo.

La cuantía de 900.000 euros corresponde con la sanción prevista por estas infracciones después de aplicar una rebaja del 40% por el acogimiento a las reducciones contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Las prácticas sancionadas se encuentran tipificadas en la normativa de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. La sanción pública es ya firme en vía administrativa, según detalló el Banco de España.