El documento, una vez efectuados los estudios y análisis procedentes, deberá incluir conclusiones y recomendaciones y será trasladado al ministro de Justicia para su elevación al Consejo de Ministros.

Una vez presentado dicho informe, la comisión quedará disuelta. Los miembros de la misma son: Silvia Barona Vilar, José Luis Bueren Roncero, Landelino Lavilla Alsina, Fernando Ledesma Barret, Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Victoria Ortega Benito, Herminia Palencia Guerra y Juan Antonio Xiol Ríos.

La futura nueva ley, tal y como destacó el ministro en su intervención ante los vocales de la comisión, sustituirá a la actualmente en vigor, que data de 1988 y ha sido modificada legislativamente en 14 ocasiones y desarrollada por 62 reales decretos.

La necesidad de una nueva norma que actualice la distribución de las unidades judiciales responde, entre otros aspectos, al incremento de la población española, que ha pasado de 39 millones de habitantes a más de 46, así como a la distribución geográfica de éstos, y a la actual configuración del sistema judicial.

El desfase que ha sufrido la ley ahora en vigor lo demuestra el hecho de que contemplaba una planta de 2.500 unidades judiciales para una población de 39 millones de habitantes, mientras que en la actualidad, sin embargo, existe casi el doble de unidades judiciales (4.981) para 46 millones de españoles.

La norma deberá dar respuesta al elevado dinamismo demográfico de los últimos años, y a las previsiones de que España supere los 49 millones de habitantes en 2018. Además, tendrá que corregir el desequilibrio territorial de población experimentado en favor de las zonas de la costa mediterránea y la consiguiente pérdida de población en el centro peninsular.