Esta nueva tipología queda definida como la de “aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad”.

No obstante, la PTS pidió que se regule esta situación en todo el ordenamiento jurídico, y para ello reclamó la incorporación en la ley de un concepto genérico de vulnerabilidad social, que operaría con carácter general e irradiaría a todos los sectores jurídicos y administrativos, salvo que cuenten con normativa específica. Así, se constituiría un marco obligado de referencia para el diseño e implementación de las políticas públicas que, además, tendría un impacto positivo en la sociedad, a juicio de la PTS.

Desde la entidad han asegurado que seguirán trabajando para lograr que este concepto de vulnerabilidad tenga un articulado jurídico y que, de esta manera, se protejan los derechos de las personas en situación de pobreza o exclusión social.