Según informó la CNMC, una de ellas se refiere a la reclamación que planteó el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos respecto a la denegación de la licencia de apertura de una panadería ecológica en Guadalajara por considerar el Ayuntamiento que la profesional redactora del proyecto técnico, ingeniera agrónoma, no resultaba competente para suscribir este tipo de proyectos.

A juicio de la CNMC, la exigencia de requisitos concretos de cualificación por parte de las administraciones públicas como en este caso supone una restricción al acceso a la actividad económica y es contraria a la ley de unidad de mercado.

Otra actuación se refiere a la reclamación planteada por un ingeniero técnico de obras contra un requerimiento de subsanación por el Ayuntamiento de Altea (Alicante) sobre una solicitud de licencia para segunda ocupación de vivienda, en el que se consideraba que los ingenieros de obras públicas no son competentes para emitir certificados para licencias de segunda ocupación.

En este caso, Competencia señaló la vulneración de los principios de necesidad y proporcionalidad de la ley de unidad de mercado.

Otro caso se refiere a la solicitud de un recurso especial por parte de un ingeniero de obras públicas contra un requerimiento del Ayuntamiento de Crevillent (Alicante) que exige que el certificado técnico para obtener una licencia de segunda ocupación sea suscrito por un arquitecto.

La CNMC interpuso un recurso contencioso-administrativo por suponer esa actuación una restricción injustificada al ejercicio de la actividad económica y no recibir respuesta del Ayuntamiento al requerimiento.

Por último, Competencia efectuó un requerimiento a la Dirección General de Carreteras (DGT) ante la solicitud del Colegio Oficial de Geólogos de un recurso contra las condiciones de capacidad y solvencia técnica en los pliegos administrativos y de prescripciones técnicas de dos contratos licitados por la DGT que excluyen la intervención de geólogos o ingenieros geólogos.