La oferta de IU para las elecciones del próximo 14 de marzo incluye un apartado dedicado a lo que denomina "Una Justicia para el siglo XXI", que esboza las propuestas de la coalición liderada por Gaspar Llamazares en materia judicial, penal y penitenciaria.

En su defensa de una justicia "independiente, eficaz, equilibrada y sensible a los cambios sociales", IU considera que el Tribunal Constitucional debe tener representación de las comunidades autónomas y que sus miembros deben serelegidos por el Parlamento.

También defiende la elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial, al igual que del fiscal general del Estado, que podrá ser cesado por las Cortes y al que se limitará el mandato a cinco años improrrogables.

IU reclama cambios en el modelo del Ministerio Fiscal, la desaparición de la Audiencia Nacional y la redefinición de las funciones del Ministerio de Justicia, al tiempo que propone reforzar las competencias de un Consejo General del Poder Judicial tmbién reformado.

ULTIMA INSTANCIA JUDICIAL

El aumento de las competencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, para convertirlos en última instancia judicial en su territorio en los cuatro órdenes jurisdiccionales, es otra de sus propuestas.

El sistema concebido por IU pasa por erradicar la justicia militar, potenciar los juzgados de lo contencioso como control de la Administración y reforzar los juzgados de familia e incapacidades para asumir la tutela real dederechos.

Insiste también en la necesidad de impulsar la justicia de menores, con la dotación de medios para trabajar en la reinserción y reintegración de los jóvenes; e incrementar el número de plazas para jueces y fiscales, de modo que se dé una mejor respuesta a los ciudadanos.

Por último, propone unificar las carreras judicial y fiscal, reformar la política disciplinaria y potenciar la información a fin de aproximar la labor de la Administración de Justicia a los ciudadanos.

NUEVO CODIGO PEAL

La coalición defiende una reforma del Código Penal para adaptarlo a los "nuevos factores sociales", con medidas como la despenalización del aborto, de la eutanasia activa y de la ocupación de viviendas y propiedades abandonadas.

Con esta reforma, IU pretende atender a las nuevas tendencias de criminalidad y dar prioridad "a la defensa de los bienes jurídicos colectivos", para lo que aboga por endurecer las penas para delitos fiscales, societarios y medioambientales.

Asimismo, plantea cambos en la regulación de la prisión provisional para ajustarla a criterios constitucionales, y la creación de Juzgados de Garantías para velar por los derechos de las partes y resolver las medidas cautelares.

En cuanto al ámbito penitenciario, pide una Ley Procesal Penitenciarla, crear una segunda instancia de Vigilancia Penitenciaria e incrementar la plantilla de estos juzgados, así como y desarrollar programas culturales, educativos y de inserción laboral para los presos.

Expone, por otro lado, s rechazo frontal a la privatización de los servicios de las cárceles y aboga por regular alternativas a la prisión mediante fórmulas "más eficaces, socialmente más útiles y económicamente menos costosas", ya que actualmente se gastan 25.000 euros por preso al año, indica.