La coalición liderada por Gaspar Llamazares se presenta a las elecciones del 14 de marzo con una apuesta contra la "desregulación" laboral de la última década, que ha provocado un empleo más precario, menos segur y con una distribución regresiva del "producto social", según establece su programa en materia económica al que tuvo acceso Servimedia.

IU incluye como herramienta para luchar contra la precariedad laboral frenar el abuso de la contratación temporal, favoreciendo el cumplimiento de las normas, ya que sólo abordar los contratos irregulares permitiría reducir la tasa de temporalidad en ocho puntos.

Quiere también racionalizar y ordenar la entrada en el mercado laboral, revisar las modalidades de cntrato temporal para minimizar el fraude y aumentar las cotizaciones sociales o la indemnización por finalización del contrato.

Además, considera urgente un mayor control y limitación de las contratas y las subcontratas con una regulación legal, ya que las ETT y las empresas de servicios "están dañando de forma contundente la calidad y estabilidad de nuestros empleos".

Pretende por ello que ninguna de las consejerías, organismos y empresas públicas regionales ni las administraciones locales utilien estas empresas de trabajo temporal.

FISCALÍA CONTRA LA SINIESTRALIDAD

Por otra parte, Izquierda Unida plantea una política efectiva en la prevención de riesgos laborales que garantice el cumplimiento de las normas mediante un aumento de la responsabilidad penal de quien las incumple de forma flagrante y peligrosa.

Para ello, considera necesaria la existencia de una Fiscalía específica contra la siniestralidad laboral, el incremento de los recursos públicos para la prevención de riesgos y el ncremento del número de inspectores de Trabajo, equiparándolo con la media comunitaria, donde hay uno por cada 7.000 trabajadores.

Además, propone la figura del Delegado Sindical Sectorial y Territorial de Prevención de Riesgos Laborales, elegido por las organizaciones sindicales más representativas, para actuar en las empresas, que por su tamaño o situación, no tienen representación legal de trabajadores.

Izquierda Unida quiere promover diversos planes de incorporación de la mujer, los jóvenes, as personas con discapacidad y los inmigrantes al empleo estable, mediante medidas formativas, ayudas económicas y fiscales o subvenciones específicas.

INTEGRACIÓN LABORAL

En el apartado dedicado al empleo de calidad para trabajadores con minusvalía, propugna hacer vinculante el cumplimiento de contratación mínima legal de trabajadores con minusvalías en todos los niveles de la administración, empresas públicas y en el conjunto de empresas privadas.

Además, pide acciones formativas específicas ara cada realidad, y ayudas para la adaptación de las empresas para el acceso profesional avanzado de los trabajadores que padecen algún tipo de minusvalía.

Potenciar los Servicios Públicos de Empleo en su labor de intermediación laboral, mejorar la protección por desempleo, especialmente a trabajadores con cargas familiares y desempleados de larga duración, y fomentar la reinserción de parados con más de 45 años son otras de las prioridades de IU.

La coalición defiende además la elaboración y apobación legal de un Código de Derechos de los Desempleados que recoja acciones formativas; y la garantía de recibir ayudas que compensen, total o parcialmente, gastos de transporte público, educación, medicamentos o vivienda, en función del nivel de renta y situación familiar.

DIGNIFICACIÓN LABORAL

IU insiste también en la necesidad de equiparar progresivamente el SMI al salario medio, situándolo cerca de los 660 euros mensuales, en cumplimiento de las recomendaciones de la Carta Social del Consejo e Europa, generalizar la jornada de 35 horas y aprobar un plan por la dignificación y la mejora de las condiciones laborales.

En su programa, IU contempla, por otro lado, el apoyo técnico, fiscal, comercial, financiero, político e inversor a la Pequeña y Mediana empresa, cooperativas y empresas de Economía Social que contemplen el respeto al medio ambiente y los recursos naturales y favorezcan el empleo estable y de calidad, junto a la prevención de riesgos.

Reclama, finalmente, un Plan de impuls Industrial basado en la apuesta por la especialización e innovación tecnológica; un plan para el reflotamiento de la economía sumergida, y equiparar los derechos del Régimen Especial Agrario al Régimen General de la Seguridad Social.