Teniendo en cuenta que la población en 2007 era algo superior a los 46 millones de personas, la cuantía total del gasto no obligatorio podría cifrarse en casi 12.000 millones de euros, en términos relativos; una cantidad equivalente, por sí sola, al 75% de la financiación que recibieron las entidades locales a través de la PIE en aquel año.

Así se desprende del estudio "Gasto no obligatorio de los municipios españoles 2004-2007", realizado por la Diputación de Barcelona, que preside Antoni Fogué, en colaboración con el Instituto de Economía de Barcelona (IEB), y que fue presentado este lunes en Madrid en los Desayunos de la Fundación Democracia y Gobierno Local.

El principal destino de este gasto, según los autores del informe, se concentra en cuatro áreas: seguridad y protección civil, que absorbe el 29,6% del gasto no obligatorio; cultura, que concentra el 25,7%; promoción social, que supone el 11,9%, y otros servicios comunitarios y sociales, el 8%.

Las conclusiones de este informe señalan también que el gasto no obligatorio de los municipios españoles es un gasto fundamentalmente corriente (el 79,6%), y dentro de éste el destinado al pago de remuneraciones de personal (41%). Destaca, sin embargo, que un 18,3% del gasto no obligatorio se destinó a inversiones reales.

Los municipios de menos de 5.000 habitantes son los que realizan un volumen por habitante de gasto no obligatorio más elevado, un 25% por encima de la media, y los que realizan un gasto no obligatorio per cápita menor son los de entre 5.001 y 20.000 habitantes, un 9% por debajo de la media. En el caso de los primeros, el gasto no obligatorio supone el 30,9% de su gasto total, mientras que para los segundos, este porcentaje baja al 24,2%.

Los municipios de la Comunidad de Madrid con los realizan un mayor gasto en este ámbito (308,35 euros por habitante). En el lado opuesto se encuentran los de Galicia, con apenas 162,32 euros por habitante.

Así, en todas las CCAA de régimen común el gasto no obligatorio realizado por los municipios se emplea en gasto corriente, sobre todo los de Madrid, donde representa el 85,8% del total de gasto no obligatorio; este porcentaje es similar en Canarias (85,1%) y Cataluña (83,7%).

Los municipios más pequeños (de menos de 5.000 habitantes) son los de mayor gasto no obligatorio por habitante y, sobre todo, los de Murcia, Madrid, Aragón y Baleares. Las cifras menores corresponden a los municipios de Cantabria y Galicia.

Entre los situados entre 5.001 y 20.000 habitantes, destaca el gasto no obligatorio por habitante localizado en los de Madrid, Aragón, La Rioja y Cataluña. En el tramo entre 20.001 y 50.000 habitantes, destacan los de Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid. Por últimos, los municipios más grandes de Cataluña y Madrid son los de mayor gasto no obligatorio liquidado, en comparación con otros territorios.

FINANCIACIÓN LOCAL

El estudio anterior del IEB relativo a 2003 reflejaba que el gasto no obligatorio de las entidades locales en aquel año representaba el 26,7% del total de gasto municipal, equivalente a una media de 227,2 euros por habitante y a una cuantía total de 9.075 millones de euros.

Entonces, estos gastos fueron destinados sobre todo a seguridad, protección civil, cultura, promoción social y educación. Un escenario prácticamente idéntico al que refleja el estudio actual, como lo es también el que el 77,8% de dicho gasto se dedicara a gasto corriente.

El comportamiento de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares ha sido el mismo porque el problema de fondo también sigue siendo el mismo, según pone en manifiesto el estudio presentado este lunes, y sobre el cual incidió en su intervención el presidente de la FEMP, Pedro Castro: la ausencia de una financación local adecuada.

Castro subrayó que en tiempos de crisis económica, como la actual, "los ayuntamientos tenemos que dar más respuestas sociales a más necesidades paliando situaciones sociales tremendamente difíciles".

Para Castro el papel de las entidades locales se resumen en que "somos los que ponemos rostros a la crisis", y, en este ámbito, explicó que el estudio del IEB "cuantifica este gasto, donde los resultados hablan por sí solos: la cuarta parte de nuestros presupuestos van a servicios y actuaciones" que ponen de relieve la urgencia de reformar el modelo competencial y el sistema de financiación actual.

Por su parte, incidió el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, que el gasto obligatorio "no significa gasto no necesario", "es", subrayó, casi "de obligado cumplimiento, que forman parte del gasto habitual en el ámbito local", un gasto que, no obstante, debiera cubrir otras administraciones.

Se sumó a la crítica expresada por Castro y dijo que la crisis económica ha acentuado la urgencia de abordar la financiación local.

"Faltan al rigor y al conocimiento cualquiera de las alternativas que están siendo objeto de debate actualmente como la desaparición de las diputaciones locales, cuando en estos años de democracia la descentralización", subrayó, "ha dado resultado buenos".

"El desarrollo y la descentralización" van parejos, defendió Fogué, y no "las tijeras de poda" como una solución a la situación actual. "Estamos en la tarea de construir y no de quejarnos y trasladar las responsabilidades a otros".

Dentro del cómputo de gasto no obligatorio que soportan los municipios, la cuantía del considerado de "suplencia", el que realizan supliendo a otras administraciones, representa en el periodo 2004-2007 unos 115 euros por habitante, lo que supone el 11,4% del total de gasto liquidado y un 44,4% del gasto no obligatorio de dicho periodo. El destino del gasto supletorio de los municipios españoles se concentra en materia como la seguridad y protección civil (el 66,8% del gasto supletorio), la promoción social (el 26,9%) y la sanidad (el 6,3%).

Para realizar este estudio, coordinado por Maite Vilalta, el IEB ha usado la base de datos siponible sobre la clasificación funcional y económica del presupuesto de gastos de una muestra de 6.664 municipios de toda España, el 82% del total, proporcionada por el Ministerio de Economía y Hacienda, correspondiente a la liquidación de los ejercicios que van desde 2004 a 2007.