En cuanto al déficit del conjunto de las administraciones públicas, actualizado hasta octubre y excluyendo a las corporaciones locales, se situaba en el 7,14% del PIB, con 78.952 millones. En concreto, las comunidades autónomas presentaron un superávit del 0,10% del PIB, manteniendo, según destacó Hacienda, la tendencia de los meses previos debido a la financiación procedente del Estado para garantizar su liquidez frente a la emergencia sanitaria, mientras que los Fondos de Seguridad Social registraron hasta octubre un déficit del 1,97% del PIB por el impacto de las medidas de ámbito laboral adoptadas para combatir la crisis ocasionada por la Covid-19.

Por su parte, las corporaciones locales registraron hasta el tercer trimestre un superávit del 0,04% del PIB, con 444 millones de euros, por lo que el déficit conjunto de las administraciones públicas hasta el tercer trimestre supone un 6,78% del PIB.

Sobre el dato relativo a la administración central, Hacienda explicó que la evolución obedece, por un lado, al descenso de los recursos un 12,8%, que modera la caída respecto al mes anterior, mientras que los gastos crecieron un 19,1%, hasta los 234.634 millones, correspondiendo casi el 90% del incremento registrado a gastos relacionados con la pandemia.

INGRESOS

Por el lado de los ingresos no financieros de la administración central, hasta noviembre se situaron en 162.312 millones, lo que supone una disminución del 12,8% respecto a 2019. En concreto, los recursos impositivos, que representan el 83% del total, se situaron en 134.778 millones, lo que implica una disminución del 14,2%.

Por un lado, se produjo un descenso del 12,3% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA cayó un 14%, hasta los 57.429 millones. Este comportamiento recoge el impacto de las medidas adoptadas, como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la Covid-19 así como la aplicación del tipo reducido del 4% a las mascarillas quirúrgicas desechables.

Los ingresos hasta noviembre del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica ascendieron a 1.100 millones, mientras que los recursos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero crecieron un 23,4%, hasta alcanzar los 1.165 millones.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descendieron un 16,8%. Los ingresos del Impuesto sobre Sociedades bajaron un 15,9%, fundamentalmente por el descenso de los pagos fraccionados que se redujo hasta noviembre un 31,3%, mientras que los ingresos del IRPF descendieron un 16,8% como consecuencia, además del efecto de la pandemia, a las mayores entregas a cuenta y al mayor resultado a favor de las comunidades autónomas de la liquidación definitiva de 2019 respecto al ejercicio anterior, así como a los menores dividendos repartidos.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que cayeron un 36,9%, así como los intereses, que disminuyeron un 13,4%.

GASTO

En cuanto al gasto no financiero, hasta noviembre alcanzó los 234.634 millones, cifra superior en un 19,1% a la registrada en el mismo periodo de 2019, siendo los aumentos más destacados los producidos en las transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas. En concreto, 18.003 millones correspondieron a la transferencia realizada al Sistema de Seguridad Social para equilibrar el impacto económico de la pandemia en sus cuentas, 2.300 millones a la transferencia al presupuesto de SEPE para financiar prestaciones contributivas y cuotas de subsidios desempleo y 11.000 millones a los tres primeros tramos del Fondo Covid-19 (en total los cuatro tramos serán 16.000 millones) distribuido a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales para financiar costes sanitarios y gastos educativos.

Los consumos intermedios se incrementaron en un 8,6%, crecimiento en el que incidieron los 774 millones de gastos derivados de la Covid-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados aumentó un 2,1% debido a la subida salarial del 2%, así como a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentaron un 5,8%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 45,7%, que incluye asimismo un gasto de 122 millones relacionado con la compra de material sanitario para combatir la pandemia. Al igual que en meses previos, estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 11% de los intereses, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 6%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.

DÉFICIT CONJUNTO

Hasta octubre de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 78.952 millones, lo que equivale al 7,14% del PIB.

La administración central registró un déficit del 5,27% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 6 millones hasta octubre. El déficit del Estado en octubre equivale al 5,21% del PIB, lo que supone 57.619 millones, mientras que los organismos de la administración central registraron un déficit de 628 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,06% del PIB.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En lo que respecta a las comunidades autónomas, la administración regional registró un superávit de 1.084 millones, lo que supone el 0,10% del PIB, frente al déficit del 0,36% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva, ya registrada en los meses previos, se debe, según explicó Hacienda, “a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos necesarios a las comunidades para atender los gastos derivados de la emergencia provocada por la Covid-19”.

Los ingresos crecieron hasta octubre un 8,2%, con un aumento de los recursos impositivos un 7,3%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecieron un 17,6% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras administraciones por los mayores recursos recibidos del Estado. Los impuestos sobre la producción y las importaciones descendieron un 21,6%, en línea con la caída registrada en el ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumentó un 4,2%, los consumos intermedios crecieron un 8,9%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia, mientras que la remuneración de asalariados se incrementó un 5,4% por la subida retributiva general y por el impacto de la Covid-19 hasta octubre.

Por su parte, las transferencias sociales en especie crecieron un 2,4%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia. Las subvenciones se elevaron un 13,9% y las prestaciones sociales un 5,2%. Entre los gastos que descendieron se encuentran las transferencias entre administraciones, que cayeron en un 0,9%, así como los intereses y la inversión, que disminuyeron en un 16,3% y en un 2,9%, respectivamente. Todas las comunidades -salvo Navarra y País Vasco- registraron hasta octubre de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, el resto, es decir un total de 12 comunidades, logran situarse en superávit.

SEGURIDAD SOCIAL

Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social registraron un déficit del 1,97% del PIB, cifra en la que impactan con fuerza los efectos sanitarios y económicos ocasionados por la pandemia, especialmente sobre las prestaciones sociales. Hasta octubre, los ingresos se incrementaron un 11,3%, especialmente por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros, que aumentaron un 21,8%. El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la Covid-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se situó en 25.926 millones, lo que representa el 2,35% del PIB.

En concreto, el Sistema de Seguridad Social registró un déficit de 7.448 millones, un 0,67% del PIB, cifra que recoge el impacto de la transferencia de 14.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales aumentaron en 1.165 millones.

Por el lado de los gastos, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se situaron en 130.193 millones, un 8,4% más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la Covid-19. En cuanto al gasto en subvenciones del Sistema, este ascendió a 6.410 millones, de los cuales el 97% se debe a bonificaciones y exoneraciones de cuotas sociales,

Por otro lado, el Servicio Público de Empleo Estatal obtuvo un déficit de 14.260 millones hasta octubre, ya que las cotizaciones sociales descendieron un 1,3%, frente a las prestaciones por desempleo, que crecieron hasta octubre en 31.207 millones. Hacienda apuntó que la evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTE por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supuso un gasto a finales de octubre de más de 13.554 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones derivadas de la cobertura frente al Covid-19 supusieron el 56,3% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo.

Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascendieron a 2.843 millones, un 45,1% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos del Covid-19 y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados. Por último, el Fogasa registró hasta octubre un resultado negativo de 81 millones.

La administración local hasta el tercer trimestre de 2020 presentó un superávit de 444 millones, equivalentes al 0,04 % del PIB, debido a un descenso de los ingresos del 5,3%, destacando los impuestos, que cayeron en un 9,6%, efecto que se compensa parcialmente con los gastos, que disminuyeron un 2,2%.