Ambas sentencias, adoptadas por unanimidad, reiteran la doctrina fijada en la sentencia 97/2020, de 21 de julio que desestimó un recurso idéntico de Jordi Sánchez, y señalan que “ni el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece sanción o pena alguna ni su aplicación o cumplimiento por la Mesa del Congreso de los Diputados ha deparado la condena del demandante. El precepto legal no es norma punitiva sino establecedora de una medida provisional vinculada, de manera mediata y necesaria, a otras previas (procesamiento firme y prisión provisional) adoptadas por la autoridad judicial”.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia es coherente con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que “la presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido declarado así tras un previo juicio justo (…)”.

Las sentencias recuerdan que “el art. 384 bis de la Lecrim es de aplicación inmediata y necesaria cuando concurren los presupuestos en él fijados y que son conformes con la Constitución y, por tanto, respetan la presunción de inocencia del procesado para el que se dicta auto de prisión provisional”. En consecuencia, “ni los actos parlamentarios directamente impugnados ni la norma legal de la que traen causa han violado la presunción de inocencia del recurrente”.

El Tribunal concluye afirmando que la aplicación del art. 384 bis de la Lecrim a los recurrentes en amparo no ha vulnerado sus derechos a la presunción de inocencia ni al ejercicio del cargo de diputado al Congreso.