La sala declara “la obligación de la Generalitat de Catalunya de adoptar las medidas necesarias para que se garantice a todos los alumnos de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en el porcentaje que se determine, que no podrá ser inferior al 25% en ningún caso”.

La sala analiza el marco jurídico dentro del cual se enmarca el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza: el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley de Educación de Cataluña, la Ley Orgánica de Educación y varias sentencias del Tribunal Constitucional; así como la información requerida al Departament d’Educació sobre los datos reales del uso de ambas lenguas en los centros escolares.

Según la resolución, de la documentación aportada y la prueba practicada, dice el tribunal, “el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual” por lo que queda constatada “una infracción del marco jurídico vigente”.

Por todo esto es necesario “fijar un uso vehicular mínimo de las lenguas oficiales que permita revertir la actual situación contraria al ordenamiento”. Esta presencia mínima, dice la resolución, es del 25% de las horas lectivas que deben incluir las enseñanzas de “asignaturas no lingüísticas de carácter troncal o análogo”.

La parte demandante solicitaba también que se modificaran los impresos de preinscripción escolar para que los padres tuvieran acreditado que el castellano sería lengua vehicular en todos los cursos. La sala desestima esta petición dado que, con el cumplimiento del porcentaje mínimo del 25% ya se garantizaría el acceso y uso de ambas lenguas desde infantil.