Según la ONG, existen más de 13.000 menores extranjeros no acompañados, de los que casi 10.000 están atendidos por los distintos servicios sociales de protección al menor de las comunidades autónomas.

Aldeas Infantiles, que lleva 20 años atendiendo a estos menores, reclamó una estrategia nacional con el fin de garantizar el cumplimiento de sus derechos y favorecer su integración.

Entre otras medidas, pidió modificar el Protocolo Marco de Intervención con Menores Extranjeros no Acompañados y limitar la prueba ósea de determinación de la edad a casos muy concretos.

Ambos procesos deberían regularse atendiendo al interés superior del niño y a la Ley de Protección Jurídica del Menor, subrayó la ONG.

Señaló que la nueva estrategia debería recoger la atención individualizada y especializada con profesionales de salud mental, así como la adaptación del sistema de protección a las necesidades específicas de estos niños y niñas, y también la puesta en marcha de planes de formación específicos.

Asimismo, Aldeas Infantiles exigió asegurar los recursos necesarios para facilitar el acceso de estos menores al sistema de asilo (información y apoyo para presentar la solicitud), favorecer los procesos de reunificación familiar, tramitar los permisos de residencia y trabajo y simplificar todos estos procesos.

“Por lo general, (estos chicos y chicas) llegan con la intención de trabajar, pero también son conscientes de que antes necesitan aprender el idioma, formarse académicamente y regularizar su documentación”, explicó el presidente de la ONG, Pedro Puig.

En la ONG, explicó, "comenzamos a prepararles para que sean autónomos antes de que cumplan la mayoría de edad y después les acompañamos desde el Programa de Jóvenes, además de ofrecerles ayuda habitacional, académica y, cuando es necesario, económica”. Todos los chicos y chicas que forman parte del Programa de Jóvenes estudian o están buscando activamente trabajo y realizando cursos para favorecer su empleabilidad, concluyó.