Según explicó la Policía, los agentes interceptaron un camión en La Junquera con un cargamento oculto de más de 180 kilos de cogollos de marihuana ocultos en sacos de pienso de perros. Luego, en los registros sucesivos en inmuebles se intervinieron, entre otros efectos, se intervinieron 642 plantas y 15 kilos de cogollos de marihuana, siete vehículos de alta gama, un barco, cuatro armas de fuego, una ballesta con flechas de caza mayor, numerosas armas blancas, 99.000 euros a en efectivo y abundante documentación.

La investigación se inició en febrero, cuando los agentes detectaron dos viviendas unifamiliares, ubicadas en una urbanización de la localidad gerundense de Fogars de la Selva, donde al parecer se estaría realizado algún tipo de cultivo de sustancias estupefacientes. Tras las primeras indagaciones se pudo constatar el elevado consumo de luz en ambos domicilios, que no era fiscalizado por los contadores eléctricos, y que podría ser compatible con la instalación de plantaciones de marihuana.

Los agentes detectaron que la red utilizaba una nave ubicada en el polígono industrial de la localidad de Vidreres para almacenar la droga, tanto la cosechada en sus propias plantaciones como la que adquirían a terceros. Allí se encargaban de su preparación para distribuirla al resto de Europa utilizando camiones de transporte internacional donde era ocultada entre la carga.

El movimiento de personas y vehículos en la nave era constante, si bien, siempre que se preparaba un cargamento importante, se detectaba la presencia de una persona dirigiendo las operaciones y que, finalmente, pudo ser identificado como el máximo responsable de la trama.

Las plantaciones gestionadas por la organización eran cuidadas por parejas de ciudadanos reclutados entre compatriotas que, bajo la falsa apariencia de familias, intentaban pasar desapercibidas entre el vecindario. Las viviendas se localizaban principalmente en urbanizaciones de La Selva y de la Costra Brava. Además, para montar el complejo sistema eléctrico, contaban con un electricista de confianza que cobraba 15.000 euros por cada instalación y que era, en realidad, el cabecilla de la red, que residía en una vivienda de lujo en Lloret de Mar.

Los integrantes de la organización tomaban medidas de seguridad excepcionales para que los cargamentos de droga no fueran descubiertos por la policía. Para detectar la presencia policial, cada cargamento era escoltado hasta destino por dos vehículos y un segundo camión lanzadera. Pese a ello, los investigadores lograron interceptar a los dos camiones mencionados a su paso por La Junquera, y detuvieron a los dos conductores, ambos de nacionalidad letona.

A partir de ahí se desarrolló el resto de la investigación, con los registros en cinco domicilios y una nave industrial ubicados en los términos municipales de Vidreres, Fogars de la Selva, Tordera y Lloret de Mar. De los trece detenidos, ocho ingresaron en prisión preventiva, uno de ellos el cabecilla de la trama.