La iniciativa parlamentaria, a la que ha tenido acceso Servimedia, insta al Gobierno regional a que actualice las instrucciones en relación a la ‘Acreditación de la residencia efectiva de los extranjeros no registrados ni autorizados para la solicitud de asistencia sanitaria en los centros de atención primaria’, teniendo en cuenta “el reconocimiento de la identidad de las personas a través de cualquier documento oficial de su país de origen”.

Asimismo, reclama que se tenga en cuenta “el reconocimiento de documentos oficiales de cualquier administración del Estado, carta de viaje expedida por el consulado, inscripciones en colegios, registro de visitas a servicios sociales, documento expedido por ONG para acreditar la residencia efectiva en el territorio español”.

Unidas Podemos plantea “implementar el procedimiento especial mediante informe social de necesidad en el caso de que existan dificultades respecto a la justificación de los requisitos por parte de la persona solicitante”.

Además, pide que se reconozca la asistencia sanitaria a los extranjeros menores de 18 años, así como a solicitantes de asilo y víctimas de trata. Asimismo, en situaciones especiales de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica y de asistencia al embarazo, parto y postparto.

Otra de las cuestiones que plantea la proposición no de ley es que se “estandaricen los procedimientos con instrucciones claras y homogéneas que eviten la variabilidad de las respuestas” y se reconozca la "asistencia gratuita en urgencias”.

RESTRICCION DE ATENCION SANITARIA

Unidas Podemos denuncia que la promulgación del Real Decreto-ley 16/2012 supuso la restricción de la atención sanitaria universal y gratuita que existía en aquel momento a las personas que disfrutaban de la condición de aseguradas o beneficiarias, quedando fuera de la atención sanitaria las personas que se encontrasen en situación administrativa irregular.

Añade que en 2018 se promulgó otro real decreto-ley que pretendía corregir la falta de cobertura sanitaria de esta población pero indica que, “aunque este reconocía el derecho de las personas en situación irregular a la asistencia a cargo de fondos públicos, su redacción dejó algunas grietas por donde, en la práctica, diferentes gobiernos autonómicos imponen trabas administrativas al acceso a la atención”.

"Desde entonces", expone la proposición, "se han publicado recomendaciones y circulares de aplicación en la Comunidad de Madrid que desarrollan esta normativa, detectándose numerosos casos de exclusión sanitaria, consecuencia de su interpretación y aplicación en la administración pública”.

Por ello, concluye señalando que “debido a estas barreras se han llegado a excluir a mujeres gestantes y personas a las que, a pesar de tener derecho a esta atención sanitaria y acudir a los servicios de urgencia y, tras la atención sanitaria, los hospitales han emitido una factura reclamando el pago de la atención”.