La Vicepresidencia Social y el Gobierno de Canarias han acordado una transferencia de 10 millones de euros de un fondo estatal que gestionará Canarias para acoger a estas niñas, niños y adolescentes llegados en patera sin sus padres, así como un compromiso para plantear a las comunidades autónomas que se repartan su acogida en función de sus posibilidades.

“El Gobierno se compromete a abrir el debate en el Consejo Interterritorial para ver cómo proceder al reparto de menores en otros territorios. Pensamos que debemos activar la solidaridad interterritorial, aunque la Administración General del Estado no podemos obligar”, dijo Álvarez tras reunirse con la consejera de Derechos Sociales de Canarias, Noemí Santana.

Según el secretario de Estado, ya hay autonomías que han ofrecido sus recursos para atender a estos menores, cuya tutela depende actualmente del Gobierno de Canarias. Sin embargo, el archipiélago está desbordado al tener unos 2.200 menores en esta situación con una capacidad asistencial para 500.

En este sentido, Ignacio Álvarez señaló la necesidad de “respetar el derecho consagrado en la Convención de Naciones Unidas para que el interés superior del menor sea lo que siempre impere”.

Por el momento, Canarias ha reforzado la acogida de estos menores con 20 recursos nuevos, entre ellos hoteles que se han dispuesto para acoger a menores extranjeros no acompañados y a otros migrantes. El objetivo Ejecutivo canario es que estos chavales puedan ser repartidos en otras regiones y aliviar así sus recursos, de manera que los hoteles puedan volver a su actividad habitual.