En una entrevista en Canal Sur, indicó que “hemos escuchado al propio presidente tartamudear cuando los periodistas le habéis preguntado qué opinión tenía” del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Se revolvió así ante el “precio político” que “paga” a un partido que tiene “verdaderas náuseas para poder condenar la violencia del terrorismo de ETA sin ambigüedades”.

Cargó de esta manera contra “la deriva de un presidente del Gobierno que va a pasar a la historia como el peor presidente de la democracia en España”. Sobre todo criticó las alianzas trazadas cuando había “alternativas” a pactar con EH Bildu y ERC la política presupuestaria. “Es inaudito”, se reafirmó el portavoz del PP en la Cámara Alta.

“Es inédito en la política que un presidente del Gobierno haga política de Estado con EH Bildu”, insistió Maroto, para quien, “cuando se pregunta por las contrapartidas, claro que hay un blanqueamiento de EH Bildu hasta el punto de que Sánchez dice que quiere tener a Otegi en la dirección del Estado”. “Esto no ha pasado nunca”, enfatizó.

A su juicio, “es lamentable que un presidente de lo que se llamaba el PSOE haga esto con el conjunto del país”. Además, se quejó de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián “pretende imponer su modelo en el resto de España”. “Es el colmo de los colmos que pretenda castigar a los madrileños” cuando reclama armonización fiscal.

“Igual los andaluces tienen que dejar de dormir tranquilos porque el PP en Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, está en la bajada de impuestos cuando las cuentas lo permiten. Moreno también lleva en los genes bajar impuestos cuando se puede y, si se descuidan los andaluces, el acuerdo de Sánchez con Rufián intentará subir los impuestos, además de a los madrileños, a los andaluces”, avisó Maroto.

Finalmente, Maroto criticó que “subir los impuestos es algo innato en Sánchez” y sostuvo que el jefe del Ejecutivo “no tiene escrúpulos en pactar lo que sea con tal de seguir en La Moncloa”. Como ejemplo de ello puso la ‘ley Celaá’ y la enmienda pactada con ERC para excluir al castellano como lengua vehicular. En este sentido, se preguntó si el castellano va a ser considerado una lengua “impropia, ajena o invasora”.