Así lo indicó con motivo de la celebración de un debate online organizado por el propio CGE sobre la vivienda, en el que Joan Ràfols, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, señaló que “la dotación de los presupuestos destinados a los planes de vivienda han sido a todas luces insuficientes, y ya es hora de que las administraciones tengan un papel mucho más activo asignando fondos a la promoción de vivienda asequible, al incremento del parque público de vivienda y a subvenciones personalizadas para las familias que en la actual situación económica están en riesgo de perder su alojamiento, de acuerdo con el mandato constitucional”.

Por su parte, José García-Montalvo, economista especializado en vivienda, afirmó que “el problema de accesibilidad a la vivienda no se puede resolver de un día para otro; es necesario mantener una política de vivienda orientada adecuadamente, coherente en el tiempo y con suficiente financiación”.

Tras el debate, el presidente del CGE, Valentín Pich, aprovechó para indicar “la necesidad de implementar una política de vivienda a largo plazo y no de cara a la galería”, reclamando un debate “serio y sosegado, antes de tomar decisiones precipitadas sobre una cuestión nuclear del Estado del bienestar como es la política de vivienda”.

Asimismo, el CGE lanzó una serie de reflexiones sobre el debate de la política de vivienda y el control de precios de los alquileres, subrayando que “no hay soluciones mágicas ni simples al problema de accesibilidad de la vivienda, como algunas propuestas populistas parecen sugerir”.

Así, apuntó que “es necesaria una aproximación a partir de múltiples instrumentos: ayudas al alquiler, construcción y compra de edificios para destinar a vivienda en alquiler social y precio limitado con algún tipo de subsidio público que permita la colaboración público-privada para la construcción de un parque de vivienda asequible, etc”.

Para el CGE, “todas las acciones de política de vivienda tienen repercusión presupuestaria, y son responsabilidad de la administración pública”, por lo que “no es razonable hacer recaer en los propietarios de vivienda en alquiler los problemas creados por la ineficacia, falta de financiación y coherencia de las políticas públicas”.

En este sentido, considera que “el recurso al control de los precios de los alquileres, supone traspasar el coste de la política social en materia de vivienda a la propiedad privada”, aunque reconoce que “tiene la ventaja para los Gobiernos de que no tiene coste presupuestario”.

Sin embargo, advirtió que el control de los precios de los alquileres “está demostrado que comporta que los propietarios se retraigan a la hora de ofertar sus viviendas, reduciéndose por tanto el mercado y las inversiones, y aumentando la economía sumergida”, por lo que indicó que “cuanta más oferta pública y privada de vivienda en alquiler exista, más ventajoso será el precio para el inquilino; y para lograrlo se necesita que las reglas del juego sean claras y con voluntad de permanencia”.

Asimismo, apuntó que varios países de la UE han incrementado la regulación de las relaciones contractuales en lo relativo a la duración de los contrato o la repercusión de obras, “tendiendo a un mayor equilibrio entre arrendadores y arrendatarios”, y “manteniendo el principio de libre pacto entre las partes para la fijación de la renta, por un periodo temporal limitado y acompañados de programas de inversión para incrementar la oferta a precios asequibles y de mercado”.

Por el contrario, señaló que “en Berlín la nueva legislación ha reducido la oferta en alquiler en un 25%, al producirse un trasvase de la nueva construcción para alquiler a la venta en propiedad”, y que “en Cataluña se han paralizado los nuevos proyectos de inversión para alquiler y los pequeños propietarios están retirando del mercado sus viviendas”.

Por ello, recomienda que “para que el parque privado de alquiler pueda alojar a las familias con bajos ingresos y a aquellas familias en peligro de exclusión social, es imprescindible un sistema de subsidios personalizados para el pago de las rentas”, y destacó que “la inyección de fondos europeos supone una oportunidad para la promoción de vivienda pública asequible en alquiler, en la que necesariamente se habrá de atender la sostenibilidad medioambiental, la accesibilidad y la eficiencia energética”.