La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció que ninguno de los 19 votos particulares que se habían presentado por grupos como PP, Ciudadanos, ERC o Bildu, habían sido aprobados.

El informe, según salió de la Comisión, previsiblemente contará con el apoyo de la mayoría de la Cámara hoy, después de recibir 30 votos favorables, 5 en contra de Vox y 2 abstenciones de ERC y EH Bildu.

En concreto, el Pacto de Toledo ha acordado subir las pensiones con el IPC real y garantizarlas por ley. Para el próximo año se elevarán con carácter general un 0,9% y las no contributivas lo harán un 1,8%, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

El Pacto de Toledo también aconseja continuar con la separación de fuentes de financiación, de manera que las cotizaciones sociales sean destinadas “exclusivamente” a financiar prestaciones contributivas y la imposición general sufrague las reducciones en la cotización, los incentivos al empleo o las prestaciones sobre nacimiento y cuidado del menor.

Para la asunción de esos gastos por parte del Estado, el informe pone de plazo no más allá de 2023, y recomienda que una vez se recupere el equilibrio en las cuentas, se vuelvan a ingresar los excedentes de las cotizaciones en el Fondo de Reserva o la 'hucha de las pensiones'.

En cuanto a la jubilación, considera que la edad efectiva debe acercarse a la edad legal, que en 2021 será de 66 años; aconseja favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria con nuevas medidas de compatibilidad de la pensión y el trabajo, y apuesta por restringir las jubilaciones anticipadas. En este punto, plantea analizar las que se están produciendo y da al Gobierno un plazo máximo de tres meses para plantear soluciones en aquellos casos de jubilación anticipada en los que haya inequidad.

El Pacto de Toledo también recomienda evaluar “a la mayor brevedad posible” el impacto de la progresiva extensión del periodo de tiempo utilizado para calcular la pensión de 15 a 25 años, contemplando la posibilidad de elegir “los años más favorables” para quienes tienen carreras de cotización más irregulares.

En un entorno de avance de la digitalización en el mundo laboral, el Pacto de Toledo apunta, por una parte, a buscar mecanismos que complementen la financiación de la Seguridad Social "más allá de las cotizaciones sociales”, y por otra parte, incide en “combatir la economía informal” ligada a las plataformas digitales y el uso fraudulento de la figura del falso autónomos.

Respecto a los autónomos, el Pacto de Toledo plantea que en el diálogo social se defina el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, en lo que ya está trabajando el Gobierno.

Por último, pide fomentar, particularmente, los planes de pensiones privados ligados al empleo y “acomodar” la viudedad a las nuevas realidades sociales y a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios.