Fedea publicó este lunes el séptimo boletín de seguimiento de la crisis del Covid en el que destaca que los datos de octubre “confirman una cierta ralentización de la recuperación económica con la llegada de la segunda ola” de contagios y observa un “estancamiento o incluso un ligero retroceso del empleo efectivo”, en el que se tiene en cuenta a los trabajadores en ERTE.

En este sentido, apunta que hay una menor salida de afectados de los expedientes temporales, un aumento de prestaciones por cese de actividad y del paro registrado, lo que justifica dicho estancamiento en el crecimiento del empleo.

Así, indica que la ralentización ha sido más intensa en los sectores más afectados por la crisis como la hostelería y el entretenimiento y en las regiones insulares, particularmente Baleares, por su elevada dependencia del turismo.

Destaca que el mercado de trabajo “no ha funcionado a pleno gas” en verano y el paro de larga duración ha seguido creciendo, un 32% más que en febrero y 68.000 personas más.

La cobertura de las prestaciones por desempleo ha aumentado en los últimos trimestres, aunque sigue siendo inferior a la registrada durante la recesión de 2008-2013 y los trabajadores inmigrantes “vuelven a ser los más perjudicados por la crisis”, que llegaron a perder un 11,4% de su empleo entre el cuartro trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020.

Por otra parte, Fedea se refiere al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que se encuentra en trámite parlamentario y ya ha superado el debate de las enmiendas a la totalidad.

Al respecto destaca que se ha integrado en el presupuesto el grueso de las actuaciones que se van a cubrir con los fondos europeos y que se financiarán con recursos adelantados por el Gobierno español que se irán recuperando posteriormente conforme se vayan ejecutando los proyectos.

“Esta forma de proceder presenta tanto ventajas como inconvenientes”, según Fedea, que apunta entre las ventajas la agilización de la tramitación de las ayudas al hacerse con la maquinaria de los ministerios y no con una comisión ad-hoc, y entre los inconvenientes señala la dispersión de la gestión entre numerosas unidades administrativas, lo que podría dificultar la reasignación de fondos entre partidas.

Fedea destaca que los presupuestos recogen “un amplio espectro de actuaciones con un fuerte énfasis en lo verde y lo digital, pero con espacio también para la protección social y las infraestructuras más tradicionales”.

No obstante, echa en falta “una partida destinada a la recapitalización o ayudas a fondo perdido a empresas viables en los sectores más afectados por la crisis que ayude a preservar un tejido productivo esencial durante un período de baja actividad que será largo” y ve “reducida” la inversión asignada a infraestructuras hidráulicas, que “deberían ser una de las prioridades” por su deficiente mantenimiento y su importancia de cara a la lucha contra las secuelas del cambio climático.

La fundación de estudios económicos también cree que muchas de las inversiones necesarias en ese ámbito deberían financiarse con préstamos a devolver por sus beneficiarios, en vez de con las ayudas no retornables a las que por el momento se está restringiendo el Gobierno español.

También considera deseable una mayor atención a la educación y reformas que ayuden a mejorar la calidad del sistema y su imbricación con el sector productivo.