La sentencia declara probado que al menos desde diciembre de 2016 y hasta enero de 2017 los acusados frecuentaban una “infravivienda deshabitada” en un barrio de la capital grancanaria para consumir allí sustancias estupefacientes y, “so pretexto” de invitarlas a drogarse, llevaban allí a “adolescentes y jóvenes” con las que habían coincidido tiempo atrás, para “mantener relaciones con ellas, incluidas las sexuales, en las camas que había en varias de las habitaciones”.

La resolución señala como víctimas de abusos sexuales a tres jóvenes que en la época en la que sucedieron los hechos eran menores de edad (de 14 y 15 años), una de ellas bajo tutela de una ONG y fugada del centro donde vivía, y relata episodios en los que las niñas fueron sometidas a fustigamientos o uso de mordazas. El fallo es susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.