Así se expresa Gestha en un comunicado en el que asegura que la investigación de los delitos fiscales por parte de la AEAT se ha desplomado un 76% en la última década, mientras que las cuotas defraudadas en los presuntos delitos denunciados cayeron un 85%.

Los técnicos achacan este desplome a las normas internas de la AEAT, las cuales les impiden terminar las investigaciones de los delitos fiscales que descubren y concentran la resolución de estos casos en unos pocos jefes de equipos.

Por ello, piden al Gobierno que les permitan investigar los fraudes más sofisticados y abultados ya que, según recuerdan, el fraude fiscal provoca unas pérdidas en España de unos 91.600 millones de euros anuales.

Por otra parte, los Técnicos de Hacienda advierten de que la AEAT pierde el 42,8% de las reclamaciones económico-administrativas de los contribuyentes, lo que atribuyen a que se prioriza el número de comprobaciones sobre la calidad de la lucha contra el fraude.

Asimismo, en el control del gasto público Gestha remarca que las limitaciones de las funciones de los Técnicos en la planificación, coordinación y elaboración de los informes de auditoría pública, así como en la firma de los expedientes de fiscalización, reducen su eficiencia y calidad.

A este respecto, defiende que el control del gasto público y la lucha contra el fraude fiscal constituyen elementos fundamentales para reforzar el Estado social de derecho reconocido por la Constitución.

Por último, Gestha pide al Gobierno que en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluya medidas organizativas y operativas para reducir la economía sumergida, como aumentar la plantilla de la AEAT a medio plazo con entre 15.000 y 17.500 efectivos.