Su demanda la formuló durante el 'XI Encuentro del Sector Financiero' organizado por 'Expansión' en colaboración con KPMG, American Express y Microsoft, donde reconoció que la recuperación económica está siendo “parcial, heterogénea, frágil e incierta” y está “poniendo de manifiesto una persistencia de la crisis superior a la inicialmente anticipada”.

“En paralelo, se están percibiendo ya algunos daños estructurales, entre los que destacan el incremento del endeudamiento del sector público y privado”, abundó, señalando entre esos perjuicios que ya hay “una cierta destrucción de tejido productivo” como lo prueba que el número de empresas en situación de alta en la Seguridad Social se haya reducido “muy sensiblemente” desde el inicio de la crisis, con una disminución de casi 84.000 empresas entre finales de febrero y finales de septiembre o del 6,1 % en tasa interanual.

Entre los daños apuntó igualmente a la pérdida de empleo efectivo y “el riesgo de que la persistencia de la crisis lo convierta en desempleo de larga duración”, junto al incremento de la desigualdad “derivado de que la recesión está afectando en mayor medida a trabajadores con salarios bajos y situación patrimonial más frágil”.

Por último, avisó de que “existen ya indicios de que la pandemia está generando algunos cambios estructurales en los patrones de consumo y actividad”, como los derivados del aumento del teletrabajo y, con carácter general, la intensificación del uso de las nuevas tecnologías en múltiples ámbitos; además de otras “vulnerabilidades” asociadas a la crisis sanitaria como una fragmentación global de la producción, “que pueden generar cambios significativos en las relaciones comerciales entre países en los próximos años”.

COMBINACIÓN DE MEDIDAS

Bajo este escenario estimó clave que la respuesta “óptima” de política económica” cuando los recursos públicos son “crecientemente escasos” tiene que ser una combinación de medidas de corto plazo con una estrategia de largo plazo “que proporcione certidumbre y permita afrontar con urgencia los retos estructurales ya existentes antes de la pandemia, así como aquellos generados por la misma”.

Se trata de una estrategia que, según señaló, debe permear por igual a la política monetaria, financiera y fiscal tanto a escala doméstica como europea. A su juicio, resulta “fundamental” mantener “e incluso ampliar las medidas de apoyo” a corto plazo ya que su “retirada prematura causaría unos perjuicios que exceden los posibles costes de mantenerlas hasta que la recuperación dé muestras de suficiente solidez”.

Durante su intervención instó, no obstante, a poner las luces largas y en el caso específico de España a trabajar en un pacto sobre consolidación fiscal plurianual para corregir el exceso de deuda y déficit al que se llegará en el país para encarar precisamente los retos de la crisis. “Se hace necesario diseñar una estrategia creíble de reducción gradual, pero sostenida, de los desequilibrios fiscales, para su implementación una vez que se haya superado la pandemia y la recuperación económica esté sólidamente asentada”, insistió, asegurando que su simple diseño y comunicación podrían multiplicar la capacidad de recuperación y crecimiento de la economía.

En cuanto a los apoyos abogó porque ahora sean “mucho más focalizadas a los sectores y grupos poblacionales más afectados” como ya se ha hecho con la extensión de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) e identificando de forma “temprana” los cambios estructurales. “La política económica no puede sostener indefinidamente a un sector que estructuralmente va a reducir su nivel de actividad”, explicó, ya que “debe ir dirigida a facilitar y apoyar la adaptación del tejido productivo y de los trabajadores a las nuevas realidades, y la reasignación eficiente de los recursos entre sectores y empresas”, algo que supone en última instancia dejar caer los negocios no viables.

En cuanto a las ayudas a los sectores y empresa viables, pero que se enfrentan a reducciones estructurales de su demanda, demandó en su apoyo que se asegure también “el correcto funcionamiento de los diferentes mecanismos de flexibilidad de los que las empresas disponen en el actual marco laboral”.

También abogó por cambiar los sistemas y adaptarlos a la situación, sugiriendo como ejemplo ir desde el apoyo para que las empresas obtengan una liquidez que también está redundando en un mayor endeudamiento a inyecciones de capital directo que mejoren su solvencia o con ayudas directas, así como facilitar un funcionamiento más ágil de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias.

Hernandez de Cos indicó que las reformas estructurales que la economía ya arrastraba se hacen más urgentes ahora y conminó a aprovechar la oportunidad que se abre con los millonarios fondos que pueden llegar desde Europa para financiar aquellas que, quizá por falta de recursos, se habían quedado retrasadas en su abordaje e implantación.

Entre las reformas pendientes indicó la necesidad de poner especial “énfasis en las políticas de formación de los trabajadores para facilitar la recolocación de estos en los sectores de futuro”, abordar la baja dinámica de la productividad, la dualidad del mercado de trabajo, el elevado desempleo, el envejecimiento poblacional, la desigualdad, la lucha contra el cambio climático, los cambios en el modelo de globalización y la aceleración de la digitalización de la economía.