En dicho cálculo se incluyen tanto las medidas de gasto como son los fondos dedicados a reforzar el sistema sanitario, el coste de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las prestaciones para autónomos o las ayudas al sistema educativo, como el apoyo surtido a la economía vía impuestos que también impactan en Presupuestos, pero con menor recaudación, como son las moratorias en pagos de tributos, cotizaciones sociales o para financiar la investigación sanitaria. Su cómputo no incluye, por tanto, otras ayudas articuladas para auxiliar a la economía como han sido los avales otorgados por el ICO y que este año han rozado los 160.000 millones de euros.

En concreto, el Gobierno espera que la partida de gastos se reduzca desde los 55.588,32 millones de euros a los 2.461,98 millones y los menores ingresos por medidas de ayudas sean de solo 54 millones el próximo ejercicio, frente al impacto de 922,15 millones que espera para el actual.

Así figura en el Plan Presupuestario para el 2021 que el Ministerio de Hacienda ha presentado este jueves a la Comisión Europea y tomando de base su confianza en que la economía rebotará un 7,2% el próximo año de manera inercial, pudiendo crecer hasta el 9,8% gracias al empuje de los fondos europeos. Será un cambio radical frente al retroceso del 11,2% del PIB que espera para 2020 a raíz de la caída de la actividad provocada con las restricciones para frenar los contagios y que le ha movido precisamente a articular medidas como los ERTE para ayudar a familias, empresas y autónomos a encarar la situación o conceder moratorias en el pago de tributos.

El Gobierno toma de hipótesis en el Plan Presupuestario el escenario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde habría vacuna a finales de este ejercicio y a mediados del siguiente ya se podría restablecer la normalidad con la mayoría de la población ya vacunada.

Bajo ese escenario estima, por ejemplo, que el coste de las prestaciones por ERTE pasaría de los 17.840 millones de euros que espera encajar este año a 718,5 millones, tomando de base que ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo el 80% de los trabajadores que estaban en dichos mecanismos laborales y augurando su mejora progresiva.

Las exoneraciones de las cuotas en la Seguridad Social caerían en paralelo desde un coste de 6.349,34 millones este año a 435 millones el siguiente; y aquellas otras por cese de actividad desde 2.708,22 millones a 168,61 millones; mientras que la prestación extraordinaria por cese de actividad consumiría 400,40 millones frente a los 5.339,38 millones que espera este año.

En otras partidas no prevé coste alguno como, por ejemplo, en la protección social para familias como alimentación de niños en situación de vulnerabilidad afectados por el cierre de centros educativos que este año precisará 25 millones o el fondo social de 300 millones facilitado a las comunidades autónomas para cubrir consecuencias sociales del Covid-19. Tampoco espera coste alguno de otros programas como ha sido el crédito extraordinario para financiar las actuaciones previstas en el Convenio entre AGE, Seitssa y ADIF, que este año ha consumido 110 millones.

Sí espera encajar, sin embargo, 354 millones por el programa de ayudas al alquiler y para personas en riesgo de desahucio que este año consumirá 370 millones. Y sube a su vez, por ejemplo, la partida de flexibilización de contratos de suministro para electricidad de autónomos y empresas desde 46,30 millones a 172 millones o la de flexibilidad de sus contratos de gas desde 11,54 millones a 30,67 millones, así como la línea de Cersa para que les dé garantías, que crece de 60 a 113 millones de euros.

En la parte de los menores ingresos prevé un impacto igual, de 47 millones de euros, por el cambio en los precios públicos universitarios, y de 5 millones por la reducción al 4% del IVA aplicable a libros, periódicos y revistas digitales. No prevé impacto presupuestado de otras partidas como el aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social para empresas y los trabajadores por cuenta propia que este año supondrá una merma de 532,62 millones en los ingresos tributarios.