Según lo indicado por Hacienda, el Plan Presupuestario contempla que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020. Este descenso en la ratio será consecuencia, según explicó el propio Ministerio, del mayor aumento del PIB el próximo año, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020. Este aumento de los ingresos públicos se explica por la previsible mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio.

Así, el impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley contra el fraude fiscal se sitúa en 6.847 millones en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja. Entre otras medidas, en 2021 se aplicará el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, que fueron aprobados recientemente por el Congreso de los Diputados.

Además, el Ejecutivo creará el Impuesto sobre Envases de Plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública, e incrementará el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%.

En cuanto a la Ley de lucha contra el fraude fiscal, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros este martes y que debe ser tramitado todavía en el Congreso y el Senado, la previsión indicada por Hacienda es que las medidas incluidas permitirían ingresar 800 millones de euros adicionales en un año.

GASTO

Por la parte del gasto, el Plan Presupuestario contempla que la ratio de gasto sobre PIB pase del 53% en 2020 al 48% en 2021, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más. Entre las medidas incluidas por el Ejecutivo se encuentran la revalorización de las pensiones con el IPC. Aunque el comunicado de Hacienda no aclara en qué cuantía se revalorizarán las pensiones, el cuadro macroeconómico aprobado por el Gobierno contendría un deflactor del PIB del 0,9% para el próximo año.

A este respecto, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que validó las cifras que dicho deflactor es el elemento que el Gobierno tiene en cuenta "para señalar el importante compromiso con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones y los sueldos de los funcionarios". Para el año 2020 detalló que se espera que sea próximo a cero, pero ya se han revalorizado las pensiones al 0,9% y en torno a un 2% el salario de los funcionarios. Si se aplica el 0,9% previsto para 2021, supondría una subida similar el próximo año para las prestaciones por jubilación.

Asimismo, el Plan Presupuestario también recoge el aumento gradual ya previsto del permiso de paternidad, que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad, y recoge también el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

DÉFICIT

En el Plan Presupuestario también se incluye el 'techo de gasto' aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros y las previsiones de déficit de 2020 y 2021. Respecto al ‘techo de gasto’, se eleva un 53,7% respecto a 2020, hasta los 196.097 millones de euros, en los que se incluyen 27.436 millones de euros procedentes de los fondos europeos activados por Bruselas para hacer frente a la crisis del coronavirus, así como una transferencia de 18.396 a la Seguridad Social y otra de 13.486 millones de euros a las comunidades autónomas que tienen como objetivo que la administración central asuma la mitad del déficit que registrarán estas dos administraciones en 2020.

En lo relativo al déficit, la previsión del Gobierno es que en 2020 cierre en el 11,3% y que en 2021 baje al 7,7%. De esta cantidad, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el déficit de la administración central sea del 2,4%, el de las comunidades autónomas se sitúe en el 2,2%, el de la Seguridad Social en el 3%, y el de las corporaciones locales sea del 0,1%. Sin embargo, al asumir mediante transferencias la mitad del déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, el déficit de la administración central sería del 5,2%, mientras que el de las autonomías quedaría reducido al 1,1% y el de la Seguridad Social al 1,3%.