Para el sindicato, la resolución del Tribunal Supremo “no pudo ser más clara”, al determinar que el repartidor de Glovo está “sujeto a las directrices organizativas fijadas por las empresas”, lo “que evidencia la concurrencia del requisito de dependencia propio de la relación laboral” o que se les trataba como falsos autónomos.

Por ello pidió su regularización laboral y demanda actuar además “sobre el resto de plataformas digitales de reparto” (como Deliveroo, Stuart y Uber Eats) instando las altas en el Régimen General de la Seguridad Social de los más de 15.000 repartidores que estima que tienen en España.

UGT reclamó a la Inspección que sus altas se realicen en función del salario del convenio colectivo sectorial de la actividad a la que pertenece cada plataforma.

“Antes de abordar cualquier tipo de legislación sobre el modelo de plataformas, desde UGT, consideramos que es obligatorio hacer cumplir las leyes existentes”, demandó, insistiendo en que la Administración del Estado “no puede ponerse de perfil y no abordar este cometido que corresponde al poder Ejecutivo”, una vez que “el poder Judicial ya ha realizado su trabajo”.