De este modo, el Gobierno ratifica el acuerdo al que llegaron el pasado 2 de octubre las comunidades autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

Entre los criterios de reparto aprobados en esta ocasión, figuran los indicadores propuestos y acordados por las mismas autonomías, como la tasa Arope para medir el riesgo de pobreza, el número total de habitantes, la población dependiente, la dispersión geográfica, la superficie del territorio, la tasa de envejecimiento, el porcentaje de personas discapacitadas, la renta per cápita, el número de familias monoparentales, la tasa de desempleo, los hogares perceptores de rentas mínimas, insularidad y grandes urbes.

Los fondos se repartirán entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, que a su vez los destinarán a financiar programas de interés social dentro de sus competencias, desarrollados por entidades sociales sin ánimo de lucro.

En concreto, la cantidad aprobada hoy corresponde al 85,14% de los fondos obtenidos a través de la recaudación del 0,7% del IRPF en la declaración de la renta de 2019, correspondiente al ejercicio 2018. Son 27 millones más que el año pasado, debido al aumento de la recaudación del IRPF y a la cesión de mayores recursos a las administraciones autonómicas por parte del Ministerio de Derechos Sociales, a fin de reforzar los programas de atención directa en el marco de las crisis derivada de la pandemia del Covid-19.

El 14,86 % restante corresponde al tramo estatal. Es la parte que el Estado reparte en forma de subvenciones a entidades del Tercer Sector de Acción Social para desarrollar actividades sociales.

Con 52.351.635,30 euros, Andalucía es la comunidad que más fondos recibirá. Le siguen Cataluña, con 32.789.226,92 euros y Madrid, con 27.605.810,76.