En una comparecencia en el patio de la Cámara Baja, Batet informó de que este debate tendrá lugar el martes 20 de octubre a las 16.00 horas, de manera que la Cámara Baja votará para hacer efectiva la activación de la cláusula de escape contemplada en el artículo 135.4 de la Constitución española, que permite la suspensión de las reglas fiscales en situaciones de situación extrema, como la actual pandemia de Covid-19.

En concreto, el citado artículo establece que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

De esta forma, en caso de aprobarse la activación de la cláusula, el Congreso dará validez al anuncio del Gobierno de suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021, en línea con la decisión tomada en marzo por la Comisión Europea de suspender el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acogiéndose también a una cláusula de escape, para permitir a los estados miembros hacer frente a la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus.

La aprobación de esta suspensión de las reglas fiscales es necesaria para refrendar decisiones del Gobierno como la elevación del ‘techo de gasto’ de 2021 en un 53,7% así como para permitir que las distintas administraciones no estén sujetas a la regla de gasto y puedan incurrir en déficit o aumentarlo.

A este respecto, las previsiones anunciadas la semana pasada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalan que en 2020 el déficit cierre en el 11,3% y que en 2021 baje al 7,7%. De esta cantidad, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el déficit de la administración central sea del 2,4%, el de las comunidades autónomas se sitúe en el 2,2%, el de la Seguridad Social en el 3%, y el de las corporaciones locales sea del 0,1%. Sin embargo, la intención del Gobierno es asumir mediante transferencias la mitad del déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, por lo que el déficit de la administración central sería del 5,2%, mientras que el de las autonomías quedaría reducido al 1,1% y el de la Seguridad Social al 1,3%.