Lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de la UE en el Congreso de los Diputados, en la que valoró la propuesta migratoria de la Comisión Europea que acentúa el blindaje de la frontera exterior y las expulsiones de inmigrantes irregulares, y pone fin a las cuotas obligatorias en el reparto de refugiados para poner en marcha un sistema en el que las capitales podrán escoger entre acoger migrantes o ayudar a expulsarlos.

La jefa de la diplomacia española destacó la importancia de que la Comisión haya enfocado la cuestión migratoria desde un enfoque “integral” después de haber escuchado las preocupaciones de los Estados miembros que, como España, disponen de una “gran experiencia en la gestión de la migración”.

La ministra celebró que la propuesta de la Comisión asiente el principio de que “la solidaridad entre los Estados europeos no es una opción y que los Estados de primera línea no deben soportar solos toda la carga de la presión en las fronteras de la UE”.

Esto le permitió propugnar que la política migratoria comunitaria tenga una amplia perspectiva que abarque la protección internacional, la asistencia a los refugiados, la gestión de las fronteras, el establecimiento de vías para una migración legal, la cooperación con los países de origen y tránsito y la lucha contra las redes criminales de tráfico de personas.

Explicó que la propuesta de la Comisión “no es un documento único, sino un conjunto de propuestas, sobre las que aún hay mucho trabajo por delante”, como lo demuestra que su proceso de negociación, que España defiende que sea “en paquete”, abarcará dos presidencias semestrales de la UE: la actual, bajo la égida de Alemania, y la próxima, bajo la responsabilidad de Portugal.

González Laya explicó que España intentará aportar al pacto migratorio de la UE su experiencia sobre la cuestión defendiendo la “centralidad de la dimensión exterior y la necesidad de asegurar que la Comisión le dote de contenido operativo y de la financiación consecuente”.

Reconoció la importancia de que la propuesta de la Comisión reconozca la “obligatoriedad de la solidaridad” y de la “especificidad del tratamiento de los rescates en alta mar”, lo que le permitió dejar claro que la UE ha de adoptar soluciones europeas sobre la base del “principio de solidaridad y del reparto equitativo de la responsabilidad” entre los Estados miembros.

También comentó que el objetivo de España es acabar con las “soluciones parciales”, para lo cual juzgó necesario la apertura de “vías legales para la migración, poner coto a las redes que trafican con seres humanos y reformar las reglas de asilo y refugio”.

Por último, manifestó que “Europa tiene que respetar sus compromisos internacionales, y, como no podría ser de otra forma, también en materia migratoria respetar los valores europeos”.