“El acceso a esta información por parte de la comunidad científica y de otras administraciones permitiría una evaluación más rigurosa de las políticas públicas para así mejorar su diseño, efectividad y eficiencia, lo que redundaría en un mayor bienestar social”, argumenta el organismo en justificación de su propuesta.

Se trataría de facilitar el acceso de datos a la comunidad investigadora y otras administraciones públicas distintas de las que los elaboran o recopilan frente a la fuerte dispersión existen actualmente. Según apunta la Airef, España cuenta con abundantes registros administrativos personales (de personas físicas y jurídicas) relacionados con multitud de aspectos socioeconómicos, como la salud, la renta de los hogares, el mercado de trabajo, la tributación de sociedades, entre otros.

Sus estadísticas y datos se encuentran dispersos en diferentes organismos y administraciones que operan a través de sistemas no interconectados, cuya organización está orientada a la gestión de las políticas públicas y no a su análisis y evaluación. Conforme constata la Airef, “salvo en contadas excepciones, ni las administraciones distintas a las que gestionan dichos registros ni la comunidad investigadora tienen acceso a estas fuentes de información”, cuando su acceso ayudaría, incluso, a “una evaluación más rigurosa de las políticas públicas” para mejorar su diseño.

A juicio del a Airef, para facilitar el acceso a todos, se precisa una estrategia nacional que regule las condiciones de acceso a la información, designar a una institución específica y especializada “como han hecho otros países del entorno” para que gestione el acceso a las estadísticas, y que los datos sean previamente anonimizados para garantizar “la salvaguarda de la privacidad de las personas”.

El rol de dicha institución sería el de recopilar, procesar y ocuparse del cruce y puesta a disposición de la información procedente de registros administrativos, con plena garantía de la protección de los datos. Eso exigiría también estandarizar los protocolos de acceso a fin de velar por la creación de un único sistema de registro y responsabilizarse de la difusión de cada conjunto de datos protegiendo la privacidad personal y tener en cuenta el interés público del uso de los datos para tomar las decisiones sobre su acceso.

Para la Airef, la creación de la Oficina del Dato, adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, “constituye un paso en la buena dirección”. Sin embargo, advierte de que, al ser su constitución muy reciente, los detalles de las funciones que llevará a cabo no se conocen lo suficiente como para determinar hasta qué punto podrá responder a las necesidades que plantea.

A su juicio, la nueva institución debería contar también con un Comité de Autorización independiente encargado de aprobar o denegar las solicitudes de acceso en un plazo razonable, y establecer vía convenios la cesión de los datos a través de esta institución.