Así lo indicaron a Servimedia fuentes del Gobierno después de que este lunes tuviera lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que la ministra de Hacienda trasladó a los consejeros autonómicos de Economía y Hacienda varias cuestiones relativas a la financiación autonómica y la estabilidad presupuestaria de cara a 2021, ejercicio en el que estarán suspendidas las reglas fiscales, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, con el objetivo de hacer frente a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19.

En concreto, Montero recomendó a las autonomías un déficit orientativo del 2,2% del PIB en 2021, del que la mitad, 1,1 puntos, sería asumido por la administración central a través de una transferencia extraordinaria de 13.486 millones de euros.

Bajo este contexto, esta vez el CPFF no aprobó unos objetivos de déficit y deuda de cumplimiento obligatorio por parte de las administraciones en 2021, sino que Hacienda comunicó las previsiones de déficit que el Gobierno tiene de cara al cierre de 2020 y 2021, así como una tasa de referencia orientativa sobre la que las administraciones territoriales puedan elaborar sus presupuestos de 2021 y calcular el gasto que acometer en un ejercicio en el que estarán libres de cumplir con las reglas fiscales.

Ante la ausencia de objetivos de déficit y deuda de obligatorio cumplimiento, una vez el Consejo de Ministros apruebe el 'techo de gasto' podrá presentarlo en el Congreso de los Diputados a modo informativo, ya que este elemento de la estabilidad presupuestaria no requiere ser votado por las Cámaras, algo que sí sucede con los objetivos de estabilidad suspendidos.

En cualquier caso, tras la reunión del CPFF de este lunes, la titular de Hacienda subrayó que la suspensión de las reglas fiscales y de los objetivos de déficit y deuda no supone el abandono de la responsabilidad fiscal y la estabilidad presupuestaria por parte de los gobernantes de las distintas administraciones, pero aseguró que no cumplir la recomendación del 2,2% no conllevará ninguna penalización ni ajuste. “Quiero dejar claro que esta suspensión de las reglas fiscales no significa en ningún caso la suspensión de responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, locales o del Ejecutivo de España”, afirmó, para a continuación agregar que la previsión es que ya en 2021 el déficit se reduzca respecto a 2020.

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

El Gobierno presentará el 'techo de gasto' con un cuadro macroeconómico previsiblemente actualizado frente a las previsiones que envió en mayo a la Comisión Europea donde pronosticaba una caída del 9,2% en el PIB este año para remontar un 6,8% al siguiente.

Su estimación era que el paro se disparase al 19%, para caer luego al 17,2% en el bienio, mientras que el déficit escalaría al 10,7% en 2020 y la deuda pública ascendía a cuantías equivalentes al 115,5% del PIB por el aumento de los gastos asociados a la crisis del Covid y la menor recaudación tributaria.

Sin embargo, desde las proyecciones de mayo la inmensa mayoría de organismos y firmas de análisis han revisado a la baja sus propias proyecciones ante la desaceleración que observan en la recuperación por culpa de los nuevos brotes de la pandemia y regreso de las medidas restrictivas.

El Banco de España, por ejemplo, cree que las restricciones aplicadas a la actividad para evitar contagios por el coronavirus provocará una contracción este año de entre el 10,5 y 12,6%, frente al 11,6% que pronosticaba en junio y ha retrasado más allá del ejercicio 2022 la recuperación íntegra de la actividad perdida por la crisis.

La Comisión Europea espera ahora que la economía española sufra una caída este año del 10,9% frente al 9,4% estimado en mayo y considera que sólo se verá superada en la Unión Europea por el 11,2% atribuido al PIB de Italia. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) augura una caída del 12,8%, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la sitúa entre el 11,1% y 14,4%.