La intervención tendrá lugar a partir de las 11.00 horas y supone su tercera comparecencia en la Cámara Baja en lo que va de año, después de que el 18 de mayo acudiese a petición de los grupos parlamentarios para exponer su visión sobre la situación creada por la pandemia y el 23 de junio fuese uno de los expertos citados por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

El organismo ha rebajado recientemente sus previsiones sobre el desempeño de la economía ante la desaceleración observada con los rebrotes del virus y estima que el PIB sufrirá una contracción este año de entre el 10,5 y 12,6%, frente al 11,6% que pronosticaba en junio. También retrasa más allá del ejercicio 2022 la recuperación íntegra de la actividad perdida por la crisis.

Si en junio esperaba un rebote del 9,1% en su escenario central para el próximo año, ahora lo reduce a una horquilla de entre el 7,3 y 4,1% y para el ejercicio 2022 espera un avance de entre el 1,9 al 3,3%, frente al 2,1% estimado también en junio. Su estimación prevé, además que la recuperación “va a ser frágil, rodeada de riesgos y será incompleta”.

No obstante, son cálculos sujetos a revisión en función de la marcha de la crisis sanitaria y la recepción de fondos europeos, que no se encuentran incluidos en dichas estimaciones y el Banco de España admite que podrían añadir hasta “dos puntos” anuales al PIB del bienio 2021 y 2022 frente a su proyectado cuadro macroeconómico.

El Informe Anual 2019 del Banco de España que detallará en el Congreso es anómalo ya que dedica íntegra su edición a la crisis declarada a raíz de la pandemia del Covid-19. En el mismo, el propio gobernador habla de reforzar y mantener las medidas de apoyo a corto plazo, al tiempo que urge a diseñar y comunicar un plan de consolidación fiscal plurianual, aunque su aplicación se posponga hasta que la crisis haya quedado atrás.

Según Hernández de Cos, dichas medidas de apoyo a la economía deben mantenerse “durante la recuperación” y aumentarlas “si fuera necesario”. Sin embargo, ha defendido que deben tener un foco selectivo porque “la política económica no puede estar para sostener indefinidamente a un sector que estructuralmente va a reducir su nivel de actividad”.

Entre sus recetas ha urgido al Gobierno a abordar las reformas que ya precisaba la economía antes de llegar el coronavirus y que ahora juzga más urgentes, aboga por revisar los procesos de reestructuración de deuda para ayudar a empresas y mantener los mecanismos de flexibilidad laboral para ayudar a las empresas.

En el informe, como ya hiciera en sede parlamentaria, demanda además a los grupos parlamentarios un gran pacto reformista y para diseñar un plan de consolidación fiscal programado para varios años que sea transparente para el mercado, aunque su aplicación se posponga hasta superar la crisis.