Según informó este viernes el Instituto Armado, la 'operación Inxer-Toro' ha sido dirigida desde el juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional e impulsada por la Fiscalía Antidroga.

En la operación han sido detenidas 14 personas y declarado como investigadas otras ocho, que estaban relacionadas con 11 grandes plantaciones de cultivo de marihuana. Los arrestad también disponían de un laboratorio de alto rendimiento especializado en la producción de especialidades de plantas de cannabis mediante sofisticadas técnicas de manipulación genética.

Se han realizado 12 registros domiciliarios y cinco inspecciones, en los que han sido intervenidos más de 207.000 euros, numerosas cuentas corrientes, monederos 'bitcoins', diversos inmuebles y documentación. Los arrestados también tenían 2.188 plantas de diversas variedades únicas de cannabis y 20 millones de semillas de marihuana de diferentes partes del mundo con un valor estimado de 100 millones de euros.

CULTIVADORES A SUELDO

La operación se inició el pasado mes de noviembre de 2018 por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Álava y Agencia Tributaria. Las primeras averiguaciones indicaron a los investigadores la existencia de múltiples irregularidades en la actividad empresarial de los investigados, obteniendo datos que corroboraban innumerables negocios que presumiblemente se apoyarían en actividades ilícitas.

La actividad empresarial de la banda, además de proveer lo necesario para los cultivos, incluía todo tipo de enseñanzas (consultas mediante correo o tutoriales) sobre el cultivo del cannabis a través de las redes sociales, incluso mediante consejos personales, promocionando el consumo de este tipo de productos sin ningún aval facultativo.

El marketing utilizado por la organización incluía vídeos que eran subidos posteriormente a las redes sociales con el propósito de anunciar las variedades de cannabis que previamente habían sido desarrolladas en sus instalaciones.

La trama incrementaba considerablemente sus beneficios mediante el sobreprecio que aplicaban a sus productos, los cuales ponían a la venta presencialmente en sus instalaciones comerciales, o a través del comercio electrónico a nivel nacional e internacional.

La operación de la Guardia Civil y Agencia Tributaria ha logrado determinar como la organización se valía de cultivadores a sueldo ubicados en Guipúzcoa y Navarra para conseguir cosechas de las variedades de cannabis que en cada momento se interesaba. Pagaban a estos cultivadores por su trabajo, pero con precios muy inferiores a los que luego conseguían en el mercado y dificultando además de esta manera la localización de los cultivos.