Según detalló este miércoles el Ministerio de Hacienda, todos los datos se encuentran afectados "por la declaración del estado de alarma" y el "conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia".

El déficit consolidado de administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social del mes de julio se situó en el 6,54% del PIB -con 73.128 millones-, por encima del 6,12% de junio y excluyendo la ayuda financiera. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 73.026 millones de euros, es decir, el 6,53% del PIB.

El décifit del Estado, situado en el 5,39% del PIB en los ocho primeros meses del año, se explica por una bajada de los recursos o de los ingresos del 13,9%, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria, a la vez que se dispararon los gastos.

En concreto, tuvo lugar un aumento del gasto del 18,9%, hasta los 170.775 millones, fundamentalmente por el "aumento de programas sanitarios, así como, en las mayores transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas".

Además, desde el pasado día 1 de enero se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

RECURSOS NO FINANCIEROS

En cuanto a los ingresos, la partida de recursos no financieros alcanzó en concreto los 110.480 millones, lo que supone una caída interanual del 13,9% por la situación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Los ingresos fiscales o impositivo representan el 81% del total, con 89.463 millones de euros y cayeron un 16,1%, con descensos del 13,3% de en la recaudación por impuestos sobre la producción y las importaciones y dentro de ellos del 15,6% en el IVA, hasta los 40.455 millones.

Según explica Hacienda, el IVA cayó por el menor consumo derivado del descenso de la actividad y también debido "a la minoración de ingresos por algunas medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia", como es el tipo cero aplicado en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente al Covid-19. No obstante, Hacienda precisa que su descenso es inferior a la caída que el IVA había acusado en meses previos.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio aportaron un 20,4% menos, los ingresos procedentes del Impuesto sobre Sociedades bajaron un 7,1%, mientras que el ingreso de gran parte de la cuota positiva de la declaración de 2019 fue un 3,3% superior al correspondiente de 2018.

Por su parte, la aportación del IRPF retrocedió un 27,4%, en su mayor parte por las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las comunidades autónomas de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también disminuyeron los recursos procedentes de los impuestos sobre el capital, en un 60,3% y las cotizaciones sociales un 0,9%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

El resto de ingresos o recursos también, destacando entre ellos la disminución del 32% en los dividendos y otras rentas, y del 18,3% en los intereses, pese al mayor dividendo procedente del Banco de España y que compensaron a otros a la baja como los de Enaire y de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

EMPLEOS O DESTINOS DE LOS GASTOS

En cuanto a los gastos públicos, los empleos no financieros ascendieron hasta julio a170.775 millones, lo que supone un aumento interanual del 18,9%, siendo los incrementos más notorioslos asociados a las transferencias a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social.

En concreto, las transferencias a las comunidades autónomas aumentaron tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior.

Según Hacienda, el objetivo de estas medidas es garantizar a las comunidades autónomas los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia y que puedan seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad.

A dichas transferencias se sumó además el pago de 6.000 millones del primer tramo del 'Fondo Covid-19', cuyo importe total asciende a 16.000 millones y son tranferencias no reembolsables para ayudar a las regiones frente al Covid.

Por otra parte, Hacienda recuerda que las regiones han recibido otros 300 millones para gastos sanitarios originados por la pandemia, 300 millones han ido al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones han ido al Fondo de alimentación, 10 millones por medidas excepcionales por el Covid-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.

Los consumos intermedios se incrementaron además en un 18,3% también por gastos ocasionados por la pandemia; mientras que la remuneración de asalariados en el sector público creció un 0,7% "debido a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos".

PENSIONES Y SUELDO DE POLICÍA

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentaron a su vez un 7,0%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9% y la Cooperación internacional corriente se incrementa en un 2,3%. También aumentó en un 55% la partida de la inversión por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Según el Ministerio, dichos incrementos fueron compensados "en parte por el descenso de un 10,6% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 745 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 49,0%", como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.