En un comunicado, Arhoe valoró de forma positiva la nueva regulación, aprobada el pasado martes y que recoge “muchos planteamientos” de esta organización.

No obstante, la comisión para la racionalización de horarios avisó de que “la realidad trasciende a las normas y exige que las mismas se adapten a ella y no al revés”, en palabras de su presidente, José Luis Casero.

A su juicio, “el teletrabajo, si se hace bien, puede repercutir en mejorar no solo la productividad de la empresa, sino la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores”.

La nueva regulación, que entra en vigor a mediados de octubre, define el teletrabajo como voluntario, reversible y que exige de un acuerdo escrito entre la empresa y el trabajador. Para aplicarse esta norma se considerará teletrabajo el que se realice en un mínimo del 30% de la jornada y durante un periodo de tres meses.

La empresa asumirá los costes del teletrabajo y deberá proveer los equipos necesarios para desarrollarlo. Podrá controlar que el empleado cumple con sus tareas.

Los trabajadores, por su parte, tendrán derecho a un horario flexible bajo determinadas condiciones y a la desconexión digital.

Las empresas que se vieron forzadas a implantarlo por la pandemia de Covid-19 se guiarán por la normativa laboral ordinaria, aunque deberán dotar de los medios a sus trabajadores y se determinará en la negociación colectiva la compensación de los gastos que se puedan derivar.

La comisión para la racionalización de horarios reclama un pacto de Estado por la conciliación, avanzar hacia jornadas intensivas y no partidas, medidas de flexibilización en las organizaciones como establecer rangos amplios de entrada al trabajo, una renta para los padres que tengan que reducirse jornada para atender a personas dependientes, orientar las empresas hacia oficinas de teletrabajo o adelantar los horarios de máxima audiencia o ‘prime time’ en televisión.