“La administración del presidente filipino Rodrigo Duterte sigue instigando una oleada de ejecuciones extrajudiciales y alimenta un clima de impunidad casi total para quienes las perpetran”, recoge el informe ‘My Job is to Kill: Ongoing human rights violations and impunity in the Philippines’.

Este documento se ha trasladado al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, que estudia estos días su respuesta a un reciente informe de Naciones Unidas sobre la crisis de derechos humanos del país.

Filipinas estaría “matando con impunidad” a presuntos autores de delitos de drogas y otros sospechosos de delitos “en un contexto de años de incitación a la violencia por parte del presidente Duterte y otros miembros de su administración”.

En marzo de este año, el presidente llegó a pronunciar un discurso en el que dijo que “mi trabajo es asustar a la gente, intimidar a la gente y matar a la gente”. De hecho, recién establecida la cuarentena en Filipinas por el coronavirus, Duterte ordenó a las fuerzas de seguridad “disparar a matar” a quienes se saltaran el confinamiento.

El informe de la ONG también denuncia “atentados, a menudo mortales, contra activistas y personas que defienden los derechos humanos a quienes se acusa de tener relación con el movimiento comunista”, que “han aumentado considerablemente y son cada vez más audaces”. A esto se unen los ataques a la prensa.

Además, “la mayoría de las víctimas continúan procediendo de comunidades pobres y marginadas”, mientras que “los homicidios son encubiertos con informes falsificados”, como atestigua la organización con testimonios y documentos.

ASESINATOS EN PANDEMIA

En el contexto de la pandemia del coronavirus, Amnistía Internacional aseguró que “los homicidios están aumentando una vez más, mientras el presidente sigue incitando a la violencia contra personas presuntas autoras de delitos, incluidas las acusadas de consumir o vender drogas”.

Mientras tanto, la ONG acusa a Duterte de prometer protección a quienes matan y cometen otras violaciones de derechos humanos. “Esta incitación se ha intensificado en los últimos meses a pesar del creciente escrutinio internacional por la ONU”, advierte.

El análisis de los datos del Gobierno realizado por Human Rights Watch revela que los homicidios en operaciones policiales contra la droga han aumentado un 50% durante la pandemia. Según estos datos, la policía mató a 155 personas entre abril y julio de 2020, frente a 103 entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.

En agosto de 2020, el presidente aprovechó un discurso para ordenar a la Oficina de Aduanas “matar a traficantes de drogas” y dijo que protegería a sus agentes de la cárcel, al mismo tiempo que declaró que había aprobado la solicitud de la agencia de comprar armas de fuego.