Según explica el sindicato, este retraso afecta a más de 80.000 empleados de Paradores, Aena, Puertos del Estado, Tragsa, Navantia o Correos.

Además, CSIF recuerda que se trata de una subida firmada desde marzo de 2018 para el conjunto de los empleados públicos y que, sin embargo, en las empresas del Estado aún no se ha llevado a cabo.

Por ello, considera que esta circunstancia supone una discriminación para las plantillas de las empresas estatales que en muchos casos fueron declaradas como esenciales durante el Estado de Alarma.

Asimismo, lamenta que los empleados de las empresas públicas también arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010.