Así se recoge en un nuevo análisis de la OCDE presentado este lunes en una reunión ministerial presidida por la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El encuentro fue celebrado por videoconferencia y reunió a los 37 ministros de medio ambiente y transición ecológica de la organización, junto al de Costa Rica, como país invitado. La reunión contó con la participación de Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea.

Fue la tercera mesa redonda organizada por España junto a la Secretaría General de la OCDE, todas ellas centradas en la reactivación económica y que han permitido preparar la reunión del Consejo Ministerial de la Organización, que tendrá lugar los próximos 28 y 29 de octubre bajo la presidencia de España.

El análisis, titulado 'Hacer que la recuperación verde funcione para el empleo, los ingresos y el crecimiento', indica que los países de la OCDE se han comprometido a invertir más de 262.000 millones de euros de dinero público para una recuperación verde, según un cálculo preliminar que se perfeccionará en los próximos meses. No obstante, otras medidas dentro de paquetes de recuperación más amplios serán para gastos 'no ecológicos', como inversiones en combustibles fósiles.

“ALENTADOR”

Muchos países hacen de las medidas de recuperación verde una parte central de los paquetes de estímulo para impulsar un crecimiento económico sostenible, inclusivo y resiliente, y para mejorar el bienestar de los ciudadanos tras la crisis de la Covid-19, pero algunos adoptan iniciativas con riesgo de tener un impacto ambiental negativo, según el análisis.

"Es alentador ver a muchos gobiernos aprovechar esta oportunidad única en la vida para garantizar una recuperación verdaderamente sostenible, pero los países deberían ir mucho más allá en la ecologización de sus paquetes de apoyo", dijo el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, durante la mesa redonda ministerial.

Gurría añadió al respecto: “El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son las próximas crisis a la vuelta de la esquina y se nos está acabando el tiempo para abordarlas. Las medidas de recuperación ecológica son una opción en la que todos ganan, ya que pueden mejorar los resultados ambientales al tiempo que impulsan la actividad económica y mejoran el bienestar para todos”.

El análisis indica que la mayoría de los países de la OCDE apuestan por medidas dirigidas a apoyar la transición hacia economías más verdes en sus estrategias de recuperación, a través de subvenciones, préstamos y desgravaciones fiscales para el transporte y la movilidad sostenibles, la economía circular y la investigación sobre energías limpias; apoyo financiero a los hogares para mejorar la eficiencia energética y las instalaciones de energía renovable, y medidas para fomentar la restauración de ecosistemas.

Al mismo tiempo, algunos países han presentado medidas que pueden tener un impacto negativo directo o indirecto en los resultados ambientales. Algunos de ellos son temporales y forman parte de planes de rescate económico de emergencia; otros corren el riesgo de tener implicaciones a más largo plazo.

OTRAS MEDIDAS

Las medidas incluyen planes para revertir las regulaciones ambientales, reducciones o exenciones de impuestos o cargos relacionados con el medio ambiente, rescates incondicionales de industrias o empresas intensivas en emisiones y mayores subsidios a la inversión en infraestructura de combustibles fósiles.

"Abordar problemas globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los océanos y el uso ineficiente de los recursos es más importante que nunca a medida que buscamos reconstruir nuestras economías y mejorar la resiliencia frente a futuras crisis", recalcó Ribera, que agregó: “Los paquetes de estímulo bien diseñados e implementados pueden impulsar una recuperación que sea a la vez ecológica e inclusiva, impulsando ingresos, prosperidad y empleos, así como acelerando la acción sobre los objetivos ambientales nacionales y globales”.

El análisis señala que un periodo de precios del petróleo bajos ofrece una oportunidad para ampliar la introducción de precios del carbono y continuar eliminando el apoyo a los combustibles fósiles. Gravar el consumo y la producción perjudiciales para el medio ambiente puede mitigar el daño medioambiental al tiempo que mejora la eficiencia económica. Y considera fundamental que las reformas de los impuestos sobre la energía no aumenten la proporción de 'pobres en energía', ya que un buen acceso a los servicios energéticos es esencial para un buen nivel de vida.

También deben abordarse las implicaciones distributivas de otros instrumentos de fijación de precios, como impuestos y cargas sobre el uso de vehículos y combustible. De manera similar, la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles debería ir acompañada de un apoyo de transición para industrias, comunidades, regiones y consumidores vulnerables.

“Debemos ser realistas: no hay más alternativa que facilitar una senda de desarrollo y prosperidad compatible con los límites ambientales. Debemos ser inteligentes porque, en realidad, transformar nuestro modelo de desarrollo y de prosperidad está lleno de oportunidades, oportunidades sociales, oportunidades de educación y de innovación y oportunidades económicas y de inversión para las empresas y para los Gobiernos", apuntó Ribera en declaraciones facilitadas por su departamento.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno añadió: "Debemos ser justos y equitativos. Es fundamental tener en cuenta las dimensiones de equidad entre generaciones, o de equidad entre países, y equidad dentro de nuestra sociedad, entre los ciudadanos. Las cuestiones de solidaridad, el multilateralismo, la visión de medio y largo plazo, son fundamentales en esta ecuación".

Ribera subrayó la importancia de abordar la recuperación verde desde una perspectiva multilateral y abogando por la justicia intergeneracional con más apoyo financiero, técnico e institucional a los países en vías de desarrollo, un aumento de la ambición y cumplir con los acuerdos adoptados en el escenario multilateral.