En un estudio sobre la seguridad jurídica en España difundido este lunes, la organización señala que se ha producido una “progresiva erosión” asociada a una “desprotección creciente” de los derechos de propiedad.

En concreto, considera que esto se debe a cambios legales y sentencias que “exceden los criterios de razonabilidad” de la Unión Europea o que “subvierten” la propiedad privada para suplir sin coste para el Estado las carencias de las políticas públicas citando el ejemplo de los desahucios.

También señala que la contratación privada tiene dificultades para dotarse de mecanismos de autorregulación y arbitraje en la medida en que la Justicia “tiende a excederse” en sus funciones porque entra a valorar todo tipo de asuntos.

Otro aspecto que ha influido en dicha “erosión” de la seguridad jurídica es el “exceso de reglas imperativas” que sufre la legislación que son de obligado cumplimiento y que resultan “innecesarias” en muchos casos, según Fedea. También influye el “déficit de reglas dispositivas” de libre incorporación a los contratos y que “ayudarían a reducir costes” y una “decreciente calidad técnica” de las leyes que tienden a multiplicarse sin necesidad y a cambiar con rapidez.

Por último, apunta que el “fallo más grave” en el funcionamiento de los tribunales puede ser la “baja calidad e imprevisibilidad” de muchas sentencias que están motivadas por proteger a la parte “débil” y que “ponen en peligro la posibilidad” de que se suscriban contratos similares en el futuro.

Fedea considera clave que el sistema legal “reduzca al mínimo” sus costes de negociación, establezca mecanismos efectivos para resolver conflictos y asegure que los contratantes cumplen sus obligaciones.