"Me preocupa que podamos hacer una regulación sin saber primero el diagnóstico sobre ello. No se ha hecho por parte de ninguna institución pública (española). Sería bueno que antes de regular fuéramos capaces de saber de cuántos y de quiénes estamos hablando", aseveró en entrevista con Servimedia Rodríguez, que actualmente está desvinculada del PSOE y su actividad se centra en la docencia y en la investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde es profesora de Derecho del Trabajo.

Sobre los aspectos que necesita esa "radiografía oficial" de la economía y el mercado laboral ligado a las plataformas digitales, la exsecretaria de Estado subraya que debería conocerse cuántas plataformas de este tipo operan en España, cuál es el número de trabajadores y cuáles son sus perfiles, entre otros aspectos.

En ese sentido, explicó que existen dos tipos principales de plataformas digitales. Por un lado, están las más visibles, aquellas que localizan en el territorio la prestación de un servicio y en las que se encuadran los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo, los conocidos como 'riders', pero que también incluye a los conductores de Uber o Cabify, por ejemplo.

En la otra categoría, cuya actividad no está tan expuesta, se encuentran las plataformas de trabajo en la red, en las que los profesionales realizan su actividad desde casa y ofrecen servicios, por ejemplo, de diseño web, desarrollo de software, traducción de documentos o informes jurídicos, entre otros.

Teniendo en cuenta esa división, Rodriguez señala que el segmento al que pertenecen los 'riders' es solo la "punta del iceberg", dado que, en base a estudios en el ámbito de la Unión Europea y de otras instituciones, en España la mayor parte de las personas que han prestado servicios a través de plataformas digitales corresponden a la segunda categoría.

"Uno sale a la calle y ve un perfil de trabajador de plataforma que, por ejemplo, no se corresponde con el de estudios como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", destaca Rodríguez en relación con los 'riders', mucho más visibles por su presencia en las calles.

Preguntada acerca del proyecto de ley que prepara el Gobierno vinculado al mercado laboral de las plataformas digitales, señala que no conoce el documento pero que, en base a las declaraciones de los miembros del Ejecutivo, prevé que la regulación estará enfocada en el sector del 'delivery'. "El problema que tenemos cuando regulamos es, ¿qué regulamos, la punta del iceberg que vemos o regulamos todo el trabajo en plataforma que está aquí?", plantea.

En 2018 el 18% de la población en edad de trabajar en España recibió una remuneración por realizar algún servicio a través de una plataforma digital en cualquiera de sus dos categorías. Ese porcentaje, revelado en la segunda edición del estudio Colleem, desarrollado por el centro de investigación de la Comisión Europea y publicado este año, sitúa a España a la cabeza de los 16 países de la Unión Europea analizados y se ubica por encima de la media (11%).

Por otro lado, recientemente se publicó el estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Asociación Española de la Economía Digital sobre la importancia económica de las plataformas digitales de 'delivery' y el perfil de los repartidores en España. El documento revela que en 2019 aportaron alrededor de 700 millones al PIB nacional y que mantuvo 15.300 empleos, tanto directos, como indirectos e inducidos. Asimismo, dibuja un perfil del repartidor en el que predominan los hombres jóvenes de origen latinoamericano.

Otro de los proyectos laborales que tiene sobre la mesa actualmente el Gobierno es el relativo al teletrabajo, que afecta a los asalariados. En opinión de Rodríguez esta nueva normativa no tiene por qué ser incompatible con la regulación vinculada a las plataformas digitales, aunque matiza que dependerá de si finalmente esta última se centra solo en los 'riders' o no.

"Si nos encontramos con una ley de plataformas digitales que regulara no solo a la gente del 'delivery', sino a este otro tipo de plataformas, ahí sí que tendríamos una zona de confluencia entre la ley de plataformas y la del teletrabajo", asevera.

Por otro lado, preguntada acerca de las medidas para regular el mercado laboral de las plataformas digitales en otros países y que pueden servir de ejemplo a España, la experta destaca las de Francia e Italia, que considera que son las más "interesantes" debido a su cercanía.

EL EJEMPLO DE LA REGULACÓN FRANCESA E ITALIANA

En ese sentido, explica que la regulación francesa contempla dos leyes que no definen si son trabajadores por cuenta ajena o autónomos, sino que lo que hace es dotar de derechos a los trabajadores de plataforma e imputa a éstas una serie de obligaciones.

En tanto, el modelo italiano "presume" que son trabajadores por cuenta ajena, pero en el caso de que se considere que son autónomos, a éstos se les aplican los mínimos del convenio colectivo del sector al que pertenezcan. "Si estamos hablando del transporte, se le aplican los mínimos del convenio colectivo del transporte", ejemplifica.

Además, Rodríguez menciona la "vía californiana", un modelo normativo promovido por activistas y académicos que presume que los trabajadores de plataformas son por cuenta ajena pero que permite a las mismas poder demostrar que no lo son a través de unos "indicios que se establecen en la propia ley".

"Mi preocupación con la regulación no es solo cómo convertimos a los falsos autónomos en trabajadores, mi preocupación también es por los que son genuinos autónomos y si no vamos a protegerlos a través de una extensión de derechos", argumenta Rodríguez a pesar de señalar que los autónomos en España cuentan con un "importante" nivel de protección laboral.