Según informó este lunes la Policía, las víctimas entraban en Europa a través de Italia y eran alojadas en domicilios alquilados y con malas condiciones de habitabilidad, sin calefacción o agua caliente. Quienes las contrataban desconocían la situación legal y personal de las mujeres explotadas.

En esta operación han sido detenidas cuatro personas por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.

La intervención ha culminado con tres entradas y registros en la provincia de León, entre ellos en la sede de la empresa que explotaba a las mujeres como asistentes del hogar. Se han intervenido 2.500 euros en efectivo, terminales telefónicos, documentación contable y documentos manuscritos relacionados con las víctimas de trata.

La investigación se inició tras las declaraciones de varias víctimas que pusieron en conocimiento de los agentes la existencia de una organización dedicada a la explotación laboral en la provincia de León. Tras diversas gestiones, los investigadores comprobaron que la red captaba a las mujeres en Honduras, en ocasiones con la ayuda de sus propios familiares. La organización gestionaba los billetes de avión con destino a España, generalmente con escala en El Salvador, Cuba y Milán (Italia).

LES COBRABAN EL MÉDICO

Una vez en España, la red desarticulada contaba con la colaboración de un miembro que gestionaba la documentación y el traslado de las víctimas desde el aeropuerto a la estación de autobuses de Barcelona a cambio de 500 euros. Posteriormente, eran trasladadas en autobús hasta la provincia de León.

Las víctimas eran alojadas en domicilios alquilados y con malas condiciones de habitabilidad, sin calefacción o agua caliente. Además, se les exigía una deuda de 2.000 euros por el viaje, que debían pagar trabajando como asistentes del hogar a través de una empresa española.

Las personas que contrataban a las víctimas ignoraban la situación ilegal de las trabajadoras, pagando por sus servicios cantidades muy superiores a las que finalmente recibían las víctimas. Con esta remuneración debían pagar tanto la deuda contraída por el viaje como la generada por los tratantes debido a las gestiones practicadas para su explotación.

La administradora de la empresa de contratación de las víctimas obtenía beneficios al ahorrarse las cotizaciones de la Seguridad Social y abonar a las trabajadoras salarios muy por debajo del mínimo legal, a pesar de su disponibilidad las 24 horas del día. Las trabajadoras ilegales tenían prohibido hablar de su situación con las personas a las que asistían o sus familiares bajo amenazas de las tratantes. En caso de encontrarse enfermas debían pagar por ser atendidas por un médico, lo que incrementaba su deuda con la administradora de la empresa en la que trabajaban.